Un proyecto de ley presentado en el Senado bonaerense propone habilitar la participación del sector privado en la construcción, operación y administración de establecimientos penitenciarios provinciales.
La senadora bonaerense de La Libertad Avanza, Florencia Arietto, presentó un proyecto de ley que propone habilitar la participación del sector privado en la construcción, operación y administración de establecimientos penitenciarios en la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa se inscribe en una agenda de seguridad que busca ampliar las capacidades del sistema carcelario ante el déficit de infraestructura y la sobrepoblación de internos.
Según el texto, el Poder Ejecutivo provincial podrá concesionar total o parcialmente las unidades penitenciarias a operadores privados.
No obstante, la propuesta establece límites precisos: funciones centrales como la seguridad, la vigilancia, el tratamiento y la rehabilitación de los detenidos permanecerán bajo control exclusivo del Estado.
En los fundamentos del proyecto, Arietto señaló que el objetivo es incorporar alternativas de gestión sin delegar responsabilidades esenciales del sistema penal.
En ese sentido, planteó que la iniciativa apunta a “ofrecer una alternativa concreta” para la construcción y administración de cárceles, en el marco de una estrategia orientada a mejorar el funcionamiento del sistema penitenciario.
El proyecto también fija condiciones para los procesos de licitación, que deberán contemplar estándares mínimos en materia de infraestructura, salud, alimentación, educación y programas de reinserción.
Asimismo, se establece que las concesiones no podrán derivar en beneficios económicos desproporcionados en detrimento de las condiciones de vida de las personas privadas de libertad.
Entre otros puntos, la iniciativa incorpora la obligación de detallar el costo fiscal de los contratos, la rentabilidad estimada para los operadores y los mecanismos de control y sanción ante posibles incumplimientos.
Además, se prevé la publicación periódica de informes sobre el funcionamiento de las unidades concesionadas, con datos vinculados a la población carcelaria y las condiciones de detención.
La legisladora encuadró la propuesta dentro de una reforma más amplia del sistema penitenciario provincial, con foco en la ampliación de la capacidad instalada y la mejora de las condiciones de encierro.
En esa línea, también señaló que el esquema se inspira en experiencias internacionales que combinan gestión pública y privada en el ámbito carcelario, como en Estados Unidos, Reino Unido, Chile y Colombia.