La idea que promueve el actual vicepresidente del Senador bonaerense, a través de la presentación de un proyecto de ley, pretende garantizar acceso universal a la alimentación y reforzar partidas sociales.
Un proyecto de ley presentado en el Senado de la provincia de Buenos Aires, por el senador de UP y vicepresidente del cuerpo Mario Ishii, propone declarar la emergencia alimentaria y nutricional en todo el territorio bonaerense, con el objetivo de asegurar el acceso universal a la alimentación y fortalecer las políticas públicas frente al deterioro de las condiciones sociales.
La iniciativa establece en su artículo primero la declaración de la emergencia, mientras que en el segundo plantea como eje central garantizar el acceso a una alimentación adecuada, suficiente y nutritiva para todas las personas en situación de vulnerabilidad social. Para ello, la autoridad de aplicación sería designada por el Poder Ejecutivo.
En materia presupuestaria, el proyecto contempla un refuerzo inmediato de las partidas destinadas a programas alimentarios clave.
Entre ellos, se destacan los comedores escolares, los Servicios Alimentarios Escolares (SAE), los comedores comunitarios y merenderos, así como programas de asistencia alimentaria directa.
Además, se propone la actualización automática de los montos en función del índice de precios al consumidor (IPC), con el fin de evitar el deterioro del poder de compra de las prestaciones.
El financiamiento de la emergencia provendría de diversas fuentes, incluyendo partidas asignadas en el Presupuesto General, aportes extraordinarios del Tesoro provincial y recursos provenientes de organismos nacionales e internacionales, así como donaciones y contribuciones.
El proyecto también faculta al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar su cumplimiento y dispone la creación de una comisión bicameral de seguimiento, encargada de monitorear la implementación de las políticas alimentarias.
Esta comisión tendría entre sus funciones la recepción de informes periódicos y el control de los programas ejecutados.
En términos de transparencia, la iniciativa obliga al Ejecutivo a remitir informes trimestrales a la Legislatura, detallando la ejecución presupuestaria, el alcance de los programas, la cantidad de beneficiarios y los indicadores nutricionales.
Asimismo, se establece que los municipios deberán garantizar la implementación territorial de las políticas alimentarias en coordinación con la Provincia, y se los invita a adherir a la ley en un plazo máximo de 120 días.
En los fundamentos del proyecto, se advierte sobre el agravamiento de la crisis social y económica, con un incremento sostenido de la pobreza y la indigencia, así como una creciente dificultad de amplios sectores para acceder a alimentos básicos.
El texto también alerta sobre el impacto de esta situación en niños, niñas y adolescentes, y subraya la necesidad de una respuesta estatal urgente y coordinada.
En este contexto, la iniciativa se presenta como una herramienta para reforzar la intervención pública y garantizar el derecho a la alimentación, en línea con principios establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos.