La iniciativa busca extender la inhabilidad tanto de candidatos a cargos efectivos como a funcionarios designados, frente a condenas dictadas, aunque seno se encuentren con sentencia firme.
En el marco del anuncio que hizo el presidente de la Nación, Javier Milei, respecto del envío al Congreso de la Nación de un proyecto de reforma electoral, el bloque de diputados radicales presentó una iniciativa de Ficha Limpia para modificar la Ley Orgánica de Partidos Políticos.
La propuesta busca extender la inhabilidad, tanto de candidatos a cargos electivos como a funcionarios designados, frente a condenas dictadas, aunque no se encuentren firmes. La iniciativa, propone incorporar ilícitos contra la administración pública y los delitos contra el orden económico y financiero directamente vinculados a la corrupción y al fraude del Estado.
Además, desde el bloque explicaron que el proyecto añade “conductas cuya gravedad resulta incompatible con el ejercicio de la función pública como delitos contra las personas en sus formas más graves; delitos contra la integridad sexual; delitos contra el Estado civil; delitos contra la libertad, incluyendo la trata de personas y la reducción a servidumbre, delitos contra la propiedad en sus modalidades agravadas y, finalmente, delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional”.
Entre los fundamentos, los diputados radicales plantearon que “uno de los principales aportes del presente proyecto es la extensión del principio de Ficha Limpia a la totalidad de la función público y, no solo a quienes acceden a través de procesos electorales”. En esa línea, señalaron que “resultaría paradójico exigir requisitos más estrictos a los empleados públicos de carrera que deben acreditar la inexistencia de antecedentes penales, que a ministros, secretarios o autoridades que administran presupuestos superiores del conjunto del Poder Legislativo”.
A su vez, indicaron que el proyecto “sigue el modelo consagrado por la Ley 9.281 de Mendoza, provincia pionera en materia a nivel subnacional, y extiende la inhabilidad tanto a candidatos a cargos electivos como a funcionarios designados frente a condenas dictadas, aunque no se encuentren firmes2.
Al respecto, citan como ejemplo las provincias de San Juan y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que “ya tienen un mismo paradigma normativo que tiene sustento en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que ha señalado que la idoneidad no excluye la imposición de requisitos éticos atinentes a la integridad de la conducta”.
En resumen, destacan que el proyecto propone dotar de “plena operatividad al requisito de idoneidad que el artículo 16 de la Constitución Nacional impone a toda persona que aspire a desempeñarse en la función pública, sea mediante elección popular o designación”.
La iniciativa lleva las firmas de los diputados Pamela Verasay, Guillermo Agüero, Gerardo Cipolini, Diógenes González, Lisandro Nieri y Darío Schneider.