Un juzgado federal consideró que las declaraciones del ex ministro de Defensa contra la vicepresidenta se encuadran en la crítica política y no configuran los delitos de calumnias, injurias ni atentado contra el orden constitucional.
El Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 2 desestimó la denuncia presentada por la vicepresidenta Victoria Villarruel contra el ex ministro de Defensa y actual diputado nacional Luis Petri, a quien había acusado por calumnias e injurias a raíz de una serie de declaraciones televisivas realizadas a comienzos de marzo.
La presentación judicial se originó luego de que Petri afirmara públicamente que la titular del Senado había sido “funcional a la oposición” y que había “apostado al fracaso del Gobierno” con el objetivo de erigirse como alternativa presidencial, por encontrarse segunda en la línea de sucesión. En esa misma entrevista, sostuvo que Villarruel habría “abierto el Senado” para que la oposición intentara “quebrar el plan económico”.
Villarruel sostuvo en su denuncia que esos dichos excedían el marco de una opinión política y constituían agravios, falsedades e imputaciones que afectaban su honra personal y dañaban la institución que preside. Según planteó, las expresiones del entonces ministro no solo le provocaban perjuicios personales, sino que también vulneraban el normal funcionamiento institucional.
Sin embargo, el tribunal entendió que los hechos denunciados no encuadran en ninguna figura penal y descartó la existencia de delitos de acción pública. En particular, concluyó que las manifestaciones cuestionadas carecen de la entidad necesaria para afectar el sistema democrático o configurar un atentado contra el orden constitucional.
En su dictamen, el fiscal Ramiro González señaló que las expresiones de Petri deben analizarse en el marco del derecho a la opinión y de la crítica política, habituales en el debate público. En ese sentido, advirtió que abrir una causa penal por ese tipo de manifestaciones implicaría un uso desproporcionado del poder punitivo del Estado sobre valoraciones políticas.
La resolución remarca el principio de última ratio del derecho penal y reafirma la primacía de la libertad de expresión en el debate político, aun cuando las opiniones resulten duras o controversiales, frente a la aplicación de tipos penales de máxima gravedad.