La exintegrante del bloque oficialista señaló que “la Casa Rosada no es propiedad privada y muchos menos un mandatario ni sus funcionarios esbirros pueden decidir si a dicho edificio puede acceder la prensa”. Los hechos denunciados y las exigencias a la Justicia.
Tras conocerse una nueva prohibición de ingreso a periodistas acreditados, la diputada nacional Marcela Pagano denunció penalmente al presidente Javier Milei por la decisión de impedir el acceso a la prensa a Casa de Gobierno este jueves a primera hora. A través de X, afirmó que se trata de un “hecho inédito desde el retorno de la democracia”, y sumó que “la Casa Rosada no es propiedad privada y muchos menos un mandatario ni sus funcionarios esbirros pueden decidir si a dicho edificio puede acceder la prensa”.
La presentación judicial también va en contra del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el secretario de Comunicación y Medios. Javier Lanari; y el jefe de Casa Militar, Sebastián Ibáñez. La redacción a la que accedió parlamentario.com señaló que “las conductas denunciadas vulneran de modo directo y flagrante” normas consagradas en la Constitución Nacional y el principio de publicidad de los actos de gobierno; a la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y la doctrina convencional vinculante de la Convención Americana de Derechos Humanos y los antecedentes en Venezuela.
Además, enumeró la lista de delitos que, según la denuncia realizada por Marcela Pagano, se han cometido en esta decisión del Gobierno nacional: “Abuso de autoridad; Incumplimiento de los deberes de funcionario público; Impedimento del ejercicio de un derecho; eventualmente, el artículo 144 bis inciso 1 del Código Penal que menciona la restricción a la libertad ambulatoria de los periodistas en el ámbito público; Actos discriminatorios; y la cuestión del ‘pretexto’ investigativo”.
Denuncie penalmente al presidente @JMilei por impedir el ingreso a periodistas acreditados en Casa Rosada, en un hecho inédito desde el retorno de la democracia. La Casa Rosada no es propiedad privada y muchos menos un mandatario ni sus funcionarios esbirros pueden decidir si a… pic.twitter.com/ecSMtM6lnY
— Marcela Pagano (@Marcelampagano) April 23, 2026
Esto último va contra la explicación vertida por las autoridades del Gobierno, quienes adjudicaron la medida a una investigación sobre supuesta “infiltración rusa” en medios de comunicación y una causa penal contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno. “Ambos argumentos son jurídicamente inconsistentes y, valorados como fundamento, agravan la tipicidad del abuso”, expresó en la denuncia penal.
Ante los hechos denunciados por Marcela Pagano, la presentación judicial exige el cese inmediato de la prohibición de ingreso a la Casa Rosada; un informe detallado de la Secretaría de Medios, Casa Militar y Jefatura de Gabinete; el secuestro y preservación de todo comunicado interno sobre las inhabilitaciones que se dieron el 6 y el 23 de abril; la copia de la denuncia presentada por Sebastián Ibáñez ante el juez Ariel Lijo; y los oficios remitidos al Ministerio de Seguridad y a la Policía Federal por las instrucciones recibidas respecto a la negativa de ingreso de la prensa acreditada en Casa Rosada.
Definitivamente opositora, la diputada nacional Marcela Pagano informó la realización de la denuncia penal en X y concluyó: “La prohibición del ejercicio de la libertad de expresión de los periodistas es el primer paso para silenciar cualquier voz disidente, situación que en Argentina hemos experimentado en los momentos más oscuros de nuestro país. No nos van a callar”.
Marcela Pagano denunció a Milei, Adorni, Lanari y al titular de Casa Militar.
Sin previo aviso formal y de manera arbitraria, los periodistas acreditados en Casa Rosada que arribaron a Balcarce 50 este jueves a primera hora se enteraron en la puerta la medida "preventiva" dictada por el presidente de la Nación, quien decidió la prohibición apenas llegó de Israel.
Esto surgió a partir de la denuncia penal de Casa Militar a los periodistas de TN que difundieron una nota grabada por medio de anteojos inteligentes. Para las autoridades del órgano que se encarga de la seguridad de Presidencia de la Nación, los hechos están vinculados a una presunta divulgación de secretos políticos y militares.
Apurado por la fuerte repercusión que generó la situación, Javier Lanari, secretario de Comunicación, explicó que "la decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal". Luego, agregó que "el único fin es garantizar la seguridad nacional".
Esta prohibición de ingreso se sumó a la ocurrida durante los primeros días de abril cuando, luego de una presunta investigación por financiamiento ruso para "difamar" al Gobierno, que dejó sin la posibilidad de ingreso a periodistas de diferentes medios de comunicación enlistados en una publicación británica.