La diputada libertaria quiere que se lo investigue por presunta defraudación. Cuestionó "la ejecución extraordinaria" en este rubro, frente a "la inejecución simultánea" de otras obligaciones.
La diputada nacional Lilia Lemoine (La Libertad Avanza) denunció al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por los fondos destinados a pauta oficial por parte de la administración provincial.
Entre los delitos que pide se investiguen, figura defraudación, malversación, negociaciones incompatibles y abuso de autoridad.
La denuncia también incluye a Jesica Rey, ministra de Comunicación Pública provincial; y Mariana Inés Lopisi, titular de la Subsecretaría de Coordinación de Medios del Gobierno de Buenos Aires.
"Durante los ejercicios 2024 y 2025, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Coordinación de Medios dependiente del Ministerio de Comunicación Pública, ejecutó erogaciones extraordinarias por publicidad oficial en coincidencia con el calendario electoral nacional y provincial de 2025", señaló la legisladora.
En el escrito, Lemoine hizo referencia a dos investigaciones periodísticas. "Según Chequeado, el gasto en publicidad oficial bonaerense en 2025 alcanzó $58.300.000.000, con un incremento real del 63% respecto de 2024 (descontada la inflación). El universo considerado por esta fuente excluye entes descentralizados", señaló.
Mientras que, "según El Disenso, la cifra consolidada de pauta oficial bonaerense en 2025 asciende a $62.450.032.922, equivalente a aproximadamente cincuenta millones de dólares estadounidenses (USD 50.000.000), con un incremento nominal del 139% respecto de los $26.043 millones de 2024".
Denunciamos a @Kicillofok para que la Justicia investigue las irregularidades que algunos periodistas y tuiteros pusieron en evidencia.
La pauta provincial no debería existir, pero ya que existe, que no se use para bancar políticos. https://t.co/EyvQ99HztL— Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) April 23, 2026
"Ambas fuentes coinciden en el núcleo fáctico -sistema discrecional de asignación, concentración desproporcionada en determinados grupos, aumento extraordinario en año electoral- y presentan discrepancias menores en los montos consolidados, atribuibles al distinto universo considerado (Chequeado excluye entes descentralizados), al distinto corte temporal y al tratamiento de las cifras en términos reales o nominales", indicó en la denuncia.
Además, resaltó que "la divergencia entre las cifras consignadas por ambas fuentes -ambas provenientes del análisis de documentación oficial- impone la necesidad de una reconstrucción contable integral del sistema que permita establecer el monto real ejecutado, el universo total de beneficiarios, la trazabilidad hasta el beneficiario final efectivo, y la correlación con el objeto invocado en cada orden de compra".
"Tal reconstrucción es el eje vertebral del pedido de pericia contable formulado en el capítulo probatorio, y la imposibilidad de determinar con precisión técnica el gasto total -pese al carácter público de los fondos comprometidos- constituye por sí misma parte del objeto de la presente denuncia", agregó.
En la denuncia, la libertaria consideró que "el contraste entre la ejecución extraordinaria del rubro comunicación (USD 50 millones) y la inejecución simultánea de obligaciones sanitarias (deudas IOMA, Garrahan), educativas (paritarias por debajo de inflación) y de coparticipación municipal constituye indicio concreto del delito de malversación de caudales públicos (art. 260 CP), en su modalidad agravada por perjuicio a servicio público".