La iniciativa ingresada en Diputados tiene como objetivo incorporar criterios de idoneidad técnica, trayectoria profesional y mayores niveles de transparencia institucional en la designación del Consejo.
El bloque de diputados de La Libertad Avanza, presidido por Agustín Romo, presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para modificar la integración y el proceso de designación del Consejo General de Cultura y Educación,
Esta reforma de la Ley de Educación Provincial N° 13.688 busca establecer requisitos mínimos más exigentes para quienes integren el organismo, considerado clave en la definición, planificación y supervisión de las políticas educativas.
En ese sentido, se incorpora la obligación de acreditar formación académica vinculada al área, una experiencia no menor a diez años en ámbitos educativos o culturales y antecedentes en funciones de gestión o conducción.
Además, el proyecto introduce mecanismos de control público sobre las designaciones.
Entre ellos, se establece que los candidatos deberán presentarse a audiencias públicas en la Cámara de Diputados, donde expondrán sus antecedentes, planes de trabajo y criterios de gestión, y responderán preguntas de los legisladores.
También se fija la obligación del Poder Ejecutivo de fundamentar cada designación, detallando el cumplimiento de los requisitos establecidos.
“Estamos proponiendo reglas claras para terminar con la discrecionalidad en la designación de consejeros. No puede ser que un órgano clave del sistema educativo no tenga estándares mínimos de idoneidad”, señalaron en los fundamentos.
Además, agregaron que la propuesta no modifica la composición del Consejo, que continuará integrado por diez consejeros más el Director General de Cultura y Educación, pero “busca reducir los márgenes de discrecionalidad en la selección de sus miembros”.
“El régimen actual garantiza la representación de distintos sectores, aunque carece de estándares uniformes de idoneidad, lo que puede afectar la calidad técnica del órgano” explicaron.
En relación con la representación docente, el proyecto eleva las exigencias para los candidatos surgidos del sistema educativo estatal. Se plantea que deberán ser docentes titulares con al menos siete años de antigüedad, contar con evaluaciones de desempeño destacadas y cumplir condiciones equivalentes a las requeridas para cargos directivos, en línea con el Estatuto del Docente.
“Queremos un Consejo más profesional, con personas que acrediten trayectoria real en educación y cultura, y con procesos de designación transparentes y abiertos al control público”, finalizaron.