La diputada de la Ciudad por el Partido Obrero–Frente de Izquierda impulsó una iniciativa legislativa tras las recientes amenazas en establecimientos educativos. Rechazó la presencia policial en las escuelas, reclamó presupuesto y equipos profesionales, y apuntó contra el ajuste del Gobierno porteño y los discursos oficiales que, dijo, agravan el clima social.
Ante las amenazas registradas en los últimos días en diversas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, la diputada Vanina Biasi (Partido Obrero–Frente de Izquierda) presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley destinado a abordar la violencia social en el ámbito educativo, con eje en la asignación de recursos y el fortalecimiento de equipos profesionales.
La legisladora cuestionó duramente la respuesta del jefe de Gobierno, Jorge Macri, al advertir que “en las escuelas hace falta presupuesto y recursos en vez de policía y criminalización”. En ese sentido, sostuvo que el protocolo implementado por el Ejecutivo porteño “en vez de aportar soluciones solo trajo más violencia”.
Biasi criticó la presencia de fuerzas de seguridad en los establecimientos educativos y señaló que la revisión de mochilas y pertenencias “pone bajo sospecha a toda la comunidad educativa” y “potencia un clima de intimidación”, al tratar a niños, niñas y adolescentes “como si fueran criminales”.
Según explicó, el proyecto de ley presentado por el Frente de Izquierda establece el nombramiento de personal profesional en las escuelas, la asignación de recursos específicos y la creación de mesas de trabajo integradas por estudiantes, docentes y equipos especializados, con el objetivo de abordar de manera colectiva las problemáticas que atraviesan a niños y jóvenes.
La diputada remarcó que la iniciativa busca acompañar el reclamo de centros de estudiantes y comunidades educativas que se manifestaron contra lo que consideran prácticas de persecución e intimidación policial, y que exigen mayor inversión para enfrentar la crisis social que impacta en las escuelas.
En ese marco, Biasi advirtió sobre el deterioro presupuestario de la educación en la Ciudad y afirmó que “el Gobierno porteño ajustó más de 3.300 millones de pesos en alimentación y viandas escolares”, además de cerrar cursos y programas socioeducativos y no cubrir cargos de profesionales en áreas clave como salud mental y orientación escolar.
Finalmente, la legisladora vinculó la situación en las escuelas con el contexto social general y cuestionó los discursos provenientes de los principales niveles de poder. “La escuela es la caja de resonancia de una sociedad violentada por la promoción de discursos discriminatorios”, afirmó, y apuntó contra el presidente Javier Milei y el propio Jorge Macri por ataques a sectores vulnerables como personas con discapacidad, jubilados y los sectores más pobres.