La filtración de un correo del Pentágono abrió una ilusión oficial en torno a Malvinas justo cuando las encuestas marcan una caída en la imagen presidencial. Pero lejos de capitalizar ese trascendido, el Gobierno volvió a quedar atrapado en sus propias contradicciones: internas expuestas, decisiones de alto costo político, una agenda económica y social adversa y una secuencia de episodios que profundizan el desgaste y frustran cualquier intento serio de cambiar el eje del debate público.
Con las encuestas marcando un descenso marcado en la ponderación del primer mandatario, muchos se ilusionaron sobre el final de la semana al trascender la filtración de un correo interno del Pentágono, según la cual Estados Unidos estaría evaluando revisar su respaldo a la posición histórica sobre las islas Malvinas. Si bien el trascendido no anticipaba un cambio de política, enumeraba opciones de presión diplomática contra aliados de la OTAN que no acompañaron a Washington en el conflicto de Medio Oriente. Y en ese menú de opciones figuraba la posibilidad de reconsiderar el apoyo estadounidense a “posesiones imperiales” europeas, entre ellas Malvinas.
Hubo quienes soñaron en voz alta ya no con la recuperación de las islas, sino directamente con la eternización de Javier Milei si sucediera semejante milagro. No faltaron quienes compararon la situación con la mano salvadora de Scott Bessent en octubre pasado, que terminó revirtiendo lo que se anticipaba como una derrota en las elecciones de medio término. ¿Acaso la eventual señal capaz de alterar el statu quo vigente desde el final de la guerra podría revertir la pendiente oficial motivada por razones económicas y sociales?
La noticia -que no fue producto de ninguna expresión aventurada de fuentes argentinas- generó entusiasmo en un gobierno que a priori no ha hecho de la cuestión Malvinas un tema prioritario. Ni en campaña, ni durante la gestión. Es más, se viene advirtiendo desde hace rato sobre las consecuencias de determinados votos argentinos en la ONU, como el de marzo pasado contra una resolución que calificaba la trata de esclavos como el crimen de lesa humanidad “más grave de la historia”. Esa postura del gobierno argentino marcada por la decisión estratégica de votar en consonancia con Estados Unidos e Israel, podría motivar una represalia de parte de los países africanos que votaron siempre a favor de la Argentina en el litigio de Malvinas.
Se le ha enrostrado a Milei también su admiración inocultable hacia Margaret Thatcher, la primera ministra británica de la guerra, a quien califica de “brillante”. Pero también el tema genera rispideces con dirigentes libertarios, como pudo verse crudamente en redes este fin de semana, con la vicepresidenta Victoria Villarruel descargando artillería pesada contra la libertaria Sabrina Ajmechet por posteos suyos del pasado en el que llegó a decir: “Las Malvinas no son ni NUNCA fueron argentinas”. La exdiputada del Pro le contestó tildándola de “traidora”.
No es la única oficialista que tiene un pasado complicado cuando de Malvinas se trata. Al tratarse el pliego de Fernando Iglesias para ser embajador ante Bélgica y la Unión Europea -esta semana le agregaron Luxemburgo-, desde el peronismo le recordaron posturas “vidriosas” suyas en torno a la cuestión Malvinas, que incluso desarrolló en un libro publicado en 2012 (casualmente el año del posteo de Ajmechet), con frases que podían cuestionar el histórico reclamo argentino de soberanía.
Nobleza obliga, muchos dirigentes libertarios son enfáticos defensores de la cuestión Malvinas y el último 2 de abril mostraron una fuerte militancia en la materia. Por ejemplo, no quisieron regalarle esa causa al peronismo y una comitiva de LLA se sumó a la vigilia de los veteranos de guerra en Tierra del Fuego. Incluso diputados de ese espacio presentaron recientemente un proyecto para incorporar la causa Malvinas como materia obligatoria en las escuelas.
Sobre el eventual cambio de postura norteamericana en la materia, habría que recordar que Trump ha mostrado en este segundo mandato una tendencia a amenazar con sanciones extremas a diversos países, que en general no se cumplen y tienen como fin forzar situaciones, no siempre con éxito. Como sea, voces más cautas recordaron que a Trump le quedan solo dos años de mandato, con elecciones intermedias para las que corre en desventaja, por lo que este viraje norteamericano en la materia, de concretarse, podría ser efímero y hasta pernicioso.
Con todo, fue una buena noticia en días que cuesta encontrarlas, mientras se suceden las novedades en torno a la novela protagonizada por Manuel Adorni, quien encontró un resuello con el archivo de la causa por haber sumado a su esposa a un vuelo presidencial. Lo cierto es que ese episodio -que fue el desencadenante de la sucesión de sucesos que dejó gravemente dañada la carrera política del jefe de Gabinete- era el trámite judicial más leve de los que atraviesa el funcionario, que sigue resistiendo en el cargo y que -contra lo que la gran mayoría pensaba- llegará en su sillón al informe de gestión previsto para el miércoles que viene en el Congreso.
El hombre se viene preparando desde hace rato para esa cita que ha generado una atención general como nunca un informe de gestión ha tenido, con el aditamento de que contará con la presencia de Javier Milei en uno de los palcos, para darle su total apoyo. Este hecho inédito conlleva riesgos para el Presidente, que en este caso está invirtiendo roles, ya que el cargo de jefe de Gabinete fue creado entre otras cosas para ser una suerte de fusible, absorbiendo el costo político de la gestión, sin necesidad de hacer crecer una crisis presidencial. Por el contrario, el Presidente irá al Congreso con la intención de imbuir al jefe de Gabinete de un halo de protección, con el riesgo de terminar enchastrado: la oposición no dejará pasar la oportunidad para hablarle directamente al Presidente y su hermana -que seguramente lo acompañará-, a la hora de preguntar por los casos #LIBRA y Andis. Milei podrá aportar al show con sus gritos, pero no tendrá micrófono.
Nadie sabe por ahora cuánto tiempo se quedará Milei a presenciar el informe. ¿Las seis horas que en principio se prevé dure el informe? Algunos especulan con una salida abrupta como la que tuvo Guillermo Francos en su última visita al Senado, cuando se retiró enojado por los insultos de una senadora y dejó a todo el bloque de José Mayans sin poder hacer preguntas. No sería lo más conveniente para Adorni, que poco rédito podría sacarle a una actitud de ese tipo. Para eso, mejor que no fuera.
Como si tuviera pocos problemas, el gobierno genera episodios que lejos están de cumplir el lógico rol de desviar la atención. Porque suma conflictos, inéditos en este caso como el cierre de la Sala de Periodistas de la Casa Rosada, a partir del hecho de cerrarles el ingreso a todos los trabajadores de prensa invocando “razones de seguridad”. El motivo: el supuesto “espionaje” de un equipo periodístico del canal TN que en rigor pretendió ser una nota original de muy dudoso rigor periodístico, mas ninguna amenaza concreta para la seguridad. Sí terminó siendo usado como pretexto para una decisión desmesurada, de tono punitivo y con claros rasgos de censura, que vuelve a colocar al gobierno en el centro de una polémica innecesaria.
Y para peor, sin mayor rédito para el gobierno, como lo revela el pulso social digital tomado por la consultora Enter Comunicación durante las primeras 24 horas posteriores al anuncio. En ese lapso, la conversación alcanzó a unos 8 millones de personas, con más de 53.000 menciones generadas por 31.000 usuarios únicos, un volumen que el informe define como “crítico” y refleja la amplitud del debate. Previsiblemente, el análisis de sentimiento muestra un predominio claro de reacciones negativas: el 67% de las menciones expresa rechazo a la medida, principalmente bajo la interpretación de un retroceso democrático “sin precedentes”.
En ese universo, se repite con fuerza la idea de que es la primera vez en la historia reciente que se clausura físicamente el espacio de trabajo de la prensa en Casa de Gobierno, lo que alimenta la narrativa de censura y la contradicción entre el discurso oficial en favor de la libertad y una restricción concreta a la libertad de prensa.
Un 18% de la conversación, en cambio, avala la decisión presidencial. Ese apoyo se concentra en el núcleo digital del oficialismo, donde la denuncia por la supuesta detección de dispositivos de grabación oculta es presentada como un argumento suficiente para justificar la intervención de la Casa Militar y la expulsión de los cronistas bajo el paraguas de la seguridad nacional. Que el núcleo libertario se reduzca a un 18% habla de un retroceso grave en materia de adhesión presidencial.
El informe también detecta un tono de “revanchismo” contra los medios tradicionales, celebrando lo que algunos usuarios describen como el fin de los “privilegios de la casta periodística”.
En tren de buscar temas para desviar la atención, distinto sucede con la reforma electoral, que sí puede llegar a despertar interés en el común de la gente. La mala noticia para el gobierno es que el ambicioso proyecto enviado al Congreso no tiene chances de prosperar en el tema que más interesa al gobierno: la eliminación de las PASO, que los dialoguistas radicales y del Pro aclararon que no apoyan.