Buscan la implementación de un sistema penal juvenil especializado que establece la responsabilidad a partir de los 14 años y se estructura sobre un enfoque integral.
El senador del PRO Guillermo Montenegro presentó en el Senado de la provincia de Buenos Aires un proyecto de ley que impulsa una reforma integral del régimen de responsabilidad penal juvenil, en línea con los estándares establecidos por la Ley Nacional N.º 27.801.
El objetivo de la presentación es actualizar un sistema que hoy “resulta insuficiente para abordar la complejidad de la problemática y dar respuesta a una de las principales preocupaciones de los bonaerenses: la seguridad”.
La iniciativa, que cuenta con el acompañamiento de la totalidad del bloque de senadores del PRO, propone la implementación de un sistema penal juvenil especializado que establece la responsabilidad a partir de los 14 años y se estructura sobre un enfoque integral que articula sanción, intervención estatal temprana y mecanismos efectivos de reinserción social, incorporando garantías procesales reforzadas y una mayor participación de las víctimas en todas las etapas del proceso.
El proyecto de ley avanza sobre la necesidad de superar un esquema fragmentado y desactualizado, proponiendo un modelo coherente con los principios de legalidad, proporcionalidad y especialización, alineado con los criterios nacionales e internacionales vigentes, que permita al Estado actuar de manera oportuna frente a conductas delictivas cometidas por adolescentes, evitando la consolidación de trayectorias delictivas y fortaleciendo la capacidad preventiva del sistema.
Asimismo, el proyecto incorpora instrumentos concretos para mejorar la eficacia del sistema, como la especialización obligatoria de jueces y operadores judiciales, la integración de equipos interdisciplinarios que permitan abordar la complejidad social de los casos y la creación de mecanismos de seguimiento y control de las medidas aplicadas, asegurando su cumplimiento y evaluación en el tiempo.
La reforma se inscribe en un diagnóstico claro: la falta de actualización normativa y de herramientas adecuadas limita la capacidad del Estado para intervenir de manera efectiva, generando un doble impacto negativo, tanto en términos de seguridad como en la posibilidad de reencauzar las trayectorias de los jóvenes en conflicto con la ley penal, por lo que avanzar en un sistema moderno, especializado y alineado con la normativa nacional no constituye una opción sino una necesidad estructural para la provincia de Buenos Aires.