A la espera del MotoGP 2027, los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) presentaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley con la intención de obtener información sobre un convenio suscripto entre el Gobierno porteño y la firma Grupo Obras, Servicios y Desarrollos (GOSD), destinado a la organización de las carreras de ese campeonato y las reformas en el autódromo Oscar y Juan Gálvez.

Según explicaron los libertarios,  la Ciudad se ha comprometido al pago de un "Fee Global" de 52 millones de dólares asumiendo, además, la responsabilidad exclusiva de ejecutar y financiar un plan de obras de infraestructura de altísima complejidad técnica en el autódromo.

En ese sentido, pidieron a través del proyecto que se explique "porque en los registros del estudio de arquitectura Tilke Engineers & Architects figura como cliente la entidad privada GOSD y no el Gobierno de la Ciudad, siendo que es este último quien financia la totalidad de la remodelación con recursos de los contribuyente"; así como también "los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia utilizados para determinar que el 80% del Fee Global del evento esté a cargo del Gobierno de la Ciudad, mientras que la empresa privada GOSD asume solo el 20%".

"Otro punto crítico es la ausencia de informes técnicos que sustenten la rentabilidad y el retorno de inversión (ROI) del evento. Las proyecciones de impacto positivo no pueden ser meros enunciados genéricos, deben estar respaldadas por cálculos que contemplen el costo de oportunidad de los recursos invertidos, el efecto real sobre la economía local y el costo de oportunidad frente a otras inversiones en infraestructura. Sin estos informes, el desembolso millonario carece de sustento técnico", agregaron desde LLA.

Además, pidieron detalles sobre la venta de tickets. "El mecanismo de fiscalización de los ingresos por venta de entradas y hospitalidad parece ser, desde el punto de vista administrativo, insuficiente. Otorgar al Gobierno un plazo de solo cinco días hábiles para observar las declaraciones juradas de ingresos presentadas por la empresa bajo apercibimiento de tomarlas por aprobadas en caso de silencio, despoja al Estado de su capacidad real de auditoría y control sobre los porcentajes que le corresponden por venta de entradas y servicios de hospitalidad", añadieron en los fundamentos de la iniciativa.

"En un contexto donde la eficiencia en el gasto público y el equilibrio de las cuentas públicas son una demanda ciudadana irrenunciable, no podemos permitir que se firmen convenios que exponen el patrimonio de la Ciudad a riesgos millonarios bajo condiciones de opacidad informativa", sentenciaron los diputados.