En Diputados proponen modificar el régimen penal juvenil para incorporar herramientas interdisciplinarias y fortalecer el abordaje de jóvenes en conflicto con la ley penal.
La iniciativa de la diputada Lucía Iañez busca que los informes de los equipos interdisciplinarios de niñez tengan valor de prueba pericial. El objetivo es agilizar las causas y evitar la revictimización de menores en el Fuero de Familia.
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires analiza un proyecto de ley que propone cambios estructurales en la articulación entre el Poder Judicial y los organismos de protección de derechos.
La iniciativa, impulsada bajo el expediente D-1355/26-27, busca otorgar mayor peso legal a las intervenciones que realizan los profesionales en el territorio antes de que los casos lleguen a los juzgados.
El núcleo del proyecto radica en la modificación de las leyes 13.634 (Fuero de Familia) y 13.298 (Promoción y Protección Integral). El cambio más significativo establece que los informes elaborados por equipos interdisciplinarios de salud, educación o instituciones de guarda deberán ser considerados prueba técnica preferente por los magistrados.
Según el articulado propuesto, la desestimación de las recomendaciones de dichos equipos territoriales requerirá de una fundamentación técnica exhaustiva, bajo pena de nulidad de la resolución.
Con esta medida, se busca que los informes tengan valor de prueba pericial documental sin necesidad de ratificación presencial, a menos que exista una impugnación por falsedad. Esto evitaría que los niños deban pasar por múltiples entrevistas similares, agilizando los tiempos procesales y optimizando los recursos del Estado.
Otro punto clave es la creación de una Mesa de Articulación Técnica obligatoria. Este espacio servirá para revisar las Medidas de Abrigo y los planes de egreso. La intención es que los peritos del juzgado y los profesionales que asisten al menor en su vida cotidiana trabajen de manera coordinada bajo protocolos establecidos por la Suprema Corte de Justicia.
En los fundamentos del texto, la diputada Lucía Iañez destaca que existe una “marcada disparidad en el reconocimiento institucional de los equipos que operan en los barrios y comunidades”.
El proyecto sostiene que estos profesionales son “quienes poseen el conocimiento directo y sostenido de las realidades familiares, por lo que su jerarquización es indispensable para asegurar una tutela judicial efectiva”.
La propuesta entra ahora en etapa de debate en comisiones, donde se espera que reciba el aporte de distintos sectores vinculados a la Minoridad y la Justicia antes de su tratamiento en el recinto.