La senadora nacional Beatriz Ávila presentó un proyecto de ley para crear un régimen especial de regularización destinado a personas físicas con deudas en mora originadas en créditos de consumo. La iniciativa apunta a aliviar la situación de miles de hogares afectados por el sobreendeudamiento, evitar la judicialización masiva de esas deudas y garantizar la permanencia de los usuarios en el sistema financiero formal.

El proyecto establece un marco obligatorio para las entidades financieras reguladas por el Banco Central, que deberán ofrecer condiciones especiales a quienes destinen al menos el 30% de sus ingresos disponibles al pago de deudas. El régimen alcanzará a obligaciones derivadas de tarjetas de crédito, préstamos personales y otras formas de financiamiento vinculadas a relaciones de consumo, así como a servicios públicos o privados asociados a bienes y servicios de primera necesidad. Quedan expresamente excluidos los créditos hipotecarios y prendarios, así como las deudas originadas en actividades empresariales o profesionales.

Entre los puntos centrales de la propuesta se destaca la condonación mínima del 40% de los intereses moratorios y punitorios acumulados. Además, se prevén planes de pago de hasta 60 meses, con una tasa de interés equivalente a la tasa pasiva promedio del Banco Central. Durante la vigencia del plan, las entidades deberán suspender embargos, ejecuciones judiciales y reportes negativos en los registros crediticios, lo que busca otorgar un alivio inmediato a los deudores y frenar procesos que profundizan la exclusión financiera.

La iniciativa también refuerza el deber de información por parte de los bancos y proveedores de crédito. Las entidades estarán obligadas a informar de manera clara y gratuita sobre la existencia del régimen, brindar asistencia sin costo a los interesados y notificar al Banco Central cada acuerdo alcanzado en el marco de este mecanismo.

En los fundamentos, Ávila advierte que el endeudamiento por consumo dejó de ser, en muchos casos, una herramienta para organizar la vida cotidiana y se transformó en una carga que condiciona decisiones básicas de las familias. Señala especialmente el impacto de los intereses moratorios crecientes sobre sectores con ingresos deteriorados, como jubilados, trabajadores y jóvenes con historiales crediticios negativos, y plantea la necesidad de una respuesta legislativa frente a una problemática social extendida.

El régimen tendría una vigencia de dos años desde su entrada en vigor y sería reglamentado por el Poder Ejecutivo en un plazo máximo de 30 días. Según sostiene el proyecto, la combinación de quitas de intereses, plazos extensos y tasas reguladas busca un equilibrio entre la protección de los consumidores y la sustentabilidad del sistema financiero, con el objetivo de promover la inclusión financiera, reducir la conflictividad judicial y permitir la recuperación gradual de la capacidad de consumo de los hogares.