Se trata de holdouts que no ingresaron en acuerdos alcanzados anteriormente. El plazo para su aprobación era el 30 de abril, pero el oficialismo busca al menos dar una señal.
Mientras Manuel Adorni expone en Diputados, el oficialismo en el Senado buscará un dictamen clave: el del proyecto de ley por el cual se aprueban Acuerdos de Conciliación celebrados con dos fondos que no ingresaron en pactos alcanzados anteriormente por la Argentina con otros fondos buitre.
Será a partir de las 15, en el Salón Azul donde se llevará a cabo un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía e Inversión Nacional, la cual primero deberá constituirse. Su presidente será el puntano Bartolomé Abdala.
La iniciativa fue enviada el pasado 20 de abril, pese a que en los argumentos se informó que “los acuerdos establecen como fecha límite de cierre (“Outside Date”) el 30 de abril de 2026”. Sin chance de que las cámaras puedan tratarlo antes de ese plazo, la señal clave será poder firmar el dictamen.
Se trata de acuerdos por el pago de 171 millones de dólares a los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP. Son bonistas que comenzaron sus demandas en el 2001 pero no ingresaron en el acuerdo firmado en 2016 entre el Gobierno de Mauricio Macri y la mayoría de los fondos buitre.
“La falta de aprobación parlamentaria luego de dicho plazo provocaría la resolución automática de las transacciones, obligando a la Argentina a retomar litigios bajo condiciones financieras significativamente más gravosas”, advirtió el PEN en los fundamentos sobre los plazos.
Por otra parte, el Gobierno destacó que con estos acuerdos terminarán las demandas de embargo sobre activos argentinos.
Sobre las ventajas financieras, indicó que “habrá una quita superior al 30% sobre las sumas remanentes” y permitirá “cancelar pasivos litigiosos por un monto sustancialmente inferior al que resultaría de una ejecución judicial, evitando el devengamiento de intereses punitorios onerosos bajo la ley de Nueva York”.
El acuerdo implica pagar 67 millones de dólares a Bainbridge Ltd. y 104 millones de dólares para el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, de “forma simultánea a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen para su inmediata cancelación y extinción”.
“La decisión estatal de avanzar en la normalización de los servicios de la deuda pública vinculada a los títulos alcanzados por condenas en tribunales internacionales se ha mantenido de manera concordante en la Ley N° 27.798 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2026, en la que se autoriza al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Economía, a continuar con la normalización de los servicios de la deuda pública”, fundamentó el Gobierno.