La Comisión de Derechos Humanos y Garantías, presidida por el diputado Horacio Pietragalla Corti, se reunió este martes para recibir y escuchar a referentes de organizaciones sociales quienes expusieron sobre la situación del derecho a la protesta y las represiones policiales en el marco del protocolo anti piquete del gobierno de Javier Milei al cual calificaron como “el más represor de la democracia”.

En el inicio de la jornada, la comisión completó las autoridades siendo designada para ocupar la vicepresidencia segunda la diputada oficialista Lorena Petrocvich, para la segunda secretaría fue elegida la diputada Eliana Bruno (LLA) mientras que hicieron reserva de la secretaría tercera. Por la primera secretaría desde UP propusieron Javier Andrade.

Antes de la exposición de oradores, la ungida vice segunda Lorena Petrovich cuestionó que su bloque “no fue consultado para armar la lista de oradores. Esto se repite en otras comisiones”, y lamentó no haber estado en esa posición para “poder escuchar a las distintas voces para poder escuchar en una problemática tan importante y en un trabajo que vamos a seguir avanzando”.

“Recién pudimos leer el pasado viernes la lista de quienes nos van a acompañar. Estamos acá por respeto de quienes vinieron. La Libertad Avanza no tuvo la posibilidad de invitar a nadie”, cerró, mientras que Pietragalla Corte le aclaró que se pasó una lista de citación y que “no cercenamos a nadie”.

Los testimonios

Abrió la ronda de invitados el abogado y representante de la COREPI, Emanuel Zuccolo, quien sostuvo que “toda la batería de leyes y decretos sancionados por el Legislativo y el Ejecutivo como la Ley Bases, privatización de empresas, reforma laboral, etc., van de la mano con la represión a los colectivos afectados por la quita de derechos para lo cual, el gobierno de Milei ha sancionado distintas leyes y reglamentaciones que, a nuestro entender, significan que en la práctica un cambio de régimen con suspensión de derechos y garantías constitucionales, garantizando la impunidad para los represores que ejecuten estas tareas represivas”.

Zuccolo recordó que “a lo largo de estos años hemos visto como se ha reprimido ferozmente mediante operativos multifuerza a quienes osan disentir y ejercer su derecho en la protesta contra la quita de derechos consagrados”, y lo ejemplificó con las marchas de cada miércoles por parte de jubilados que “los golpean y los gasean” en medio de su reclamo por el acceso a remedios, pero “la represión violenta se lleva a cabo contra cualquiera que ejerza su derecho a la protesta”.

“Tenemos más de 1.500 personas heridas en dos años por la represión estatal en la protesta social como casos emblemáticos como Pablo Grillo. Hubo más de 300 detenciones arbitrarias en el marco de movilizaciones en CABA”, precisó y cuestionó que “la brutalidad represiva de las fuerzas no se investiga en lo más mínimo”.

Zuccolo denunció al Gobierno de Javier Milei como “el más represor de la democracia donde el aparato represivo del Estado se llevó la vida de 1.081 personas en sus dos primeros años en casos de gatillo fácil, femicidios, muerte bajo custodia. Resulta de vital importancia que la comisión arbitre las medidas necesarias para que se rompa con el modo represivo que, ante el creciente malestar social, irá creciendo con consecuencias en la vida de los laburantes”.

Por parte del CELS, Diego Morales, planteó que el protocolo anti piquetes “tiene una interpretación distinta a lo que propone el Código Penal porque la regla que fijó el Congreso está aplicada de manera distinta, por lo tanto, hay un incumplimiento de la norma penal que fijó el Parlamento”.

“El Ministerio de Seguridad tiene un exceso porque se aparta de las reglas que están fijadas para el uso y desarrollo de la actividad policial porque en el artículo 4 habla de ‘dispersión’ y la policía no tiene esa facultad en ningún reglamento ni ley. Esa idea es un compromiso que se puede discutir en este ámbito legislativo”, indicó y se refirió a la Ley de Datos Personales porque “la lo que establece el protocolo es la facultad de las fuerzas de llevar registro de los manifestantes, de organizaciones que se manifiesta, eso está prohibido”.  Morales opinó que “son tres asuntos que puede ayudar al Congreso a definir otras reglas de funcionamiento para garantizar el derecho a la protesta social”.

Desde la CTA autónoma, Ricardo Peidro, manifestó su preocupación por el “alarmante incremento de la represión en las calles”, y brindó datos de los últimos años donde “hubo 107 represiones contando desde la asunción de Milei. Hubo 2.648 heridos y 381 detenidos y, si comparamos un año con otro, aumentó en un 48% la cantidad de heridos y 123% de detenidos”.

“No nos sorprende porque cuando el Gobierno anunció sus políticas de ajuste y de sumir en la pobreza, van atadas a la represión. Es llamativo que es represión que, en otras instancias, algunos gobiernos la dibujando de otra manera. Este gobierno dice que la represión forma parte de su política”, criticó y planteó: “Tenemos que tener una línea de unidad para derrotar a este gobierno y también tenemos que tener unidad en las respuestas a las acciones represivas”.

Por su parte, Fabián Grillo padre del fotógrafo Pablo Grillo pidió al Congreso que “vuelva a ser del pueblo” que se termine con la “perversión y la represión”. También cuestionó que desde el oficialismo “buscar obstaculizar la investigación de la justicia”.

Eduardo Belliboni, dirigente nacional del Polo Obrero, bregó para que la reunión “tenga una conclusión concreta porque la represión y la persecución del gobierno empezó ni bien asumió. Es una orientación perfectamente programada”.

“De forma sistemática el Gobierno tiene el triste récord de reprimir cada manifestación que se produce, sobre todo a los sectores más débiles como jubilados y discapacitados”, apuntó y sumó: “Todos los Gobiernos, de una u otra manera, reprimieron al movimiento piquetero, pero lo van a negar como hacen siempre”.