El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, volvió a poner el foco este martes sobre la relación entre política y Justicia al advertir sobre la creciente judicialización de los conflictos políticos en la Argentina. Según planteó, ese fenómeno no solo recarga al Poder Judicial, sino que además conspira contra la estabilidad necesaria para llevar adelante programas de gobierno y políticas de transformación.

Al participar de la ExpoEFI 2026, un encuentro centrado en finanzas, economía e inversiones que se desarrolló en el barrio porteño de Recoleta, Rosatti sostuvo que en el país persiste una lógica que traslada al ámbito judicial discusiones que no se saldan en el sistema político. “Los debates no se cierran en el circuito propio de la política y terminan buscando una definición en la Justicia, muchas veces con el objetivo de llegar hasta la Corte Suprema”, señaló.

En esa línea, el magistrado consideró que esa dinámica no favorece la gobernabilidad. A su criterio, la judicialización de las controversias públicas no contribuye a generar previsibilidad y, por el contrario, suele postergar el punto de partida para la implementación de planes económicos, reformas estructurales o políticas de fondo. “Eso dilata en el tiempo decisiones que deberían resolverse por otras vías”, remarcó.

Rosatti también defendió el principio de división de poderes y buscó marcar límites claros sobre el rol del Poder Judicial. En ese sentido, subrayó que los jueces no están llamados a reemplazar al Poder Legislativo ni a suplir sus funciones. “Los jueces no son legisladores”, afirmó, al tiempo que explicó que su tarea se circunscribe a interpretar y aplicar las normas vigentes.

“El juez no puede inventar el derecho: debe aplicar la ley”, insistió. Desde esa perspectiva, sostuvo que las modificaciones al marco normativo deben debatirse en el ámbito natural de la representación política. Para Rosatti, es en el Congreso donde corresponde discutir y definir las reglas que rigen la vida institucional, económica y social del país, sin trasladar ese debate a los tribunales como atajo para resolver disputas políticas.