El Informe 145 que Manuel Adorni envió a la Cámara de Diputados dejó al descubierto una estrategia defensiva clara: frente a las preguntas más sensibles sobre su situación patrimonial, la de su esposa y el episodio del criptoactivo $LIBRA, el jefe de Gabinete evitó dar explicaciones de fondo y trasladó la responsabilidad casi por completo al Poder Judicial.

Las consultas de la oposición apuntaron, entre otros puntos, al incremento del patrimonio del funcionario durante su paso por la función pública, a posibles bienes no declarados y a la participación de su entorno familiar en operaciones patrimoniales relevantes. Sin embargo, el informe no incluye ningún detalle concreto sobre montos, fechas, origen de fondos ni evolución patrimonial.

En cambio, la Jefatura de Gabinete sostuvo que esas cuestiones se encuentran alcanzadas por regímenes legales de reserva. En relación con los bienes del grupo familiar, el texto señala que “los bienes correspondientes al cónyuge y al grupo familiar se encuentran incorporados en un anexo reservado de la declaración jurada patrimonial, de carácter confidencial conforme a la legislación vigente”, y agrega que esa información “solo puede ser examinada por los organismos competentes y por la Justicia”.

El mismo criterio se aplica a las preguntas referidas al crecimiento patrimonial del propio Adorni. El informe no niega la existencia de investigaciones ni cuestionamientos, pero evita explicarlos: no hay referencias a ingresos, actividades previas, préstamos, donaciones ni mecanismos de financiación. La respuesta oficial se limita a remarcar que el asunto está bajo análisis judicial y que cualquier ampliación podría afectar derechos individuales.

El planteo se vuelve todavía más explícito cuando el informe aborda el caso del criptoactivo $LIBRA, episodio que derivó en una causa penal en la Justicia federal. Como “consideración preliminar de carácter general”, la Jefatura de Gabinete remarca que “los hechos vinculados al lanzamiento del criptoactivo $LIBRA son objeto de una investigación judicial en curso”, identificada como la Causa Nº 574/2025 y sus acumuladas. En ese marco, advierte que “la divulgación de determinada información por parte del Poder Ejecutivo podría comprometer la integridad de la investigación y los derechos de las personas involucradas”.

A partir de esa premisa, el informe rechaza responder una serie de preguntas clave. En primer lugar, niega la existencia de acuerdos, contratos, memorandos o cartas de intención entre el Estado, el Presidente o funcionarios del Ejecutivo y los empresarios vinculados al proyecto. “En los registros y documentos de la Administración Pública Nacional no existen constancias de ningún instrumento de esa naturaleza”, afirma el texto, y sostiene que tampoco hay documentación que acredite pagos, honorarios o contraprestaciones.

Respecto de los documentos, chats o facturas mencionados en distintos pedidos de informes, la respuesta oficial es tajante: se trata, según el Ejecutivo, de “filtraciones periodísticas de material agregado a la causa judicial, cuya autenticidad, integridad y contexto no han sido verificados”. Por ese motivo, concluye que “no es procedente que el Poder Ejecutivo Nacional formule respuestas oficiales sobre la base de material de origen incierto”.

El informe también se pronuncia sobre las reuniones mantenidas en Casa Rosada y en la Quinta de Olivos con personas que luego fueron vinculadas al caso $LIBRA. Allí señala que esos encuentros “han sido debidamente informados en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública” y que las audiencias “fueron registradas conforme los procedimientos establecidos por la normativa de transparencia”.

Uno de los pasajes más relevantes aparece cuando se consulta directamente por la conducta personal de Adorni en su anterior rol de vocero presidencial, incluidas comunicaciones privadas y su eventual presencia en reuniones clave. En ese punto, la Jefatura de Gabinete se corre del eje y afirma que esas preguntas “no se encuadran en las funciones y deberes propios del Jefe de Gabinete de Ministros establecidos en el artículo 100 de la Constitución Nacional”. Según el informe, se trata de “cuestiones de carácter estrictamente personal ajenas a su actual rol institucional”, además de estar bajo investigación judicial.

Sobre la eventual percepción de pagos, ventajas económicas o beneficios por parte de funcionarios, el Ejecutivo vuelve a cerrar filas: “en los registros y documentos de la Administración Pública Nacional no existe información que acredite tales extremos”, y será la Justicia —señala— la que determine “la existencia, autenticidad y alcance de cualquier prueba”.

En las consideraciones finales, el informe reivindica la actuación del Gobierno y asegura que se adoptaron medidas administrativas para colaborar con el esclarecimiento del caso, como la intervención de la Oficina Anticorrupción, la creación de una Unidad de Tareas de Investigación y la remisión de información al juzgado interviniente. “El Poder Ejecutivo Nacional no ha obstruido ni entorpecido en modo alguno la labor de los órganos judiciales”, afirma el texto.

Lo que el Informe 145 no hace es dar respuestas políticas sustantivas sobre el origen del patrimonio del jefe de Gabinete, la participación económica de su esposa o las inconsistencias señaladas por la oposición. En todos esos puntos, la estrategia es la misma: confidencialidad, incompetencia funcional y, sobre todo, una remisión constante al expediente judicial que todavía se encuentra en trámite.