Un grupo de legisladores de La Libertad Avanza presentó una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, omisión en declaraciones juradas y administración fraudulenta. La causa quedó radicada en el fuero federal.
Diputados nacionales de La Libertad Avanza presentaron una denuncia penal contra su par Marcela Pagano, a quien acusaron por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa en la declaración jurada patrimonial y administración fraudulenta, entre otras figuras vinculadas a la administración pública.
La presentación judicial fue radicada ante el fuero Criminal y Correccional Federal, que los denunciantes consideran competente para investigar hechos eventualmente cometidos por funcionarios nacionales en ejercicio de sus funciones.
El escrito lleva la firma de más de una decena de diputados del bloque libertario, entre ellos María Celeste Ponce, Carlos Zapata, María Soledad Mondaca, Jairo Guzmán, Sergio Figliuolo, Lilia Lemoine, Andrea Fernanda Vera, Valentina Loana Ravera, Miguel Rodríguez, Eliana Bruno, Andrés Leone, Atilio Basualdo, Santiago Santurio y María Cecilia Ibáñez.
Según consta en la denuncia, los legisladores sostienen que los hechos investigados habrían tenido lugar desde el 10 de diciembre de 2023, fecha en la que Pagano asumió su banca en la Cámara de Diputados. La acusación apunta a posibles irregularidades en la evolución de su situación patrimonial durante el desempeño de la función pública.
El eje central del planteo se concentra en la presentación de las declaraciones juradas y en la presunta falta de correspondencia entre los bienes declarados y su evolución patrimonial. En ese marco, los denunciantes incorporaron no solo la figura de enriquecimiento ilícito, sino también la de omisión maliciosa y administración fraudulenta, lo que amplía el alcance de la eventual investigación hacia posibles maniobras que habrían afectado recursos del Estado.
La acción judicial cuenta con el patrocinio letrado del abogado Hernán Emilio Seivane, quien intervino en representación de los legisladores nacionales denunciantes. En el escrito, además, se fijó domicilio procesal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se solicitó expresamente que la causa sea investigada bajo la órbita federal.
De acuerdo con el planteo presentado ante la Justicia, el objetivo de la denuncia es que se determinen eventuales responsabilidades penales y se esclarezca si existieron conductas incompatibles con el ejercicio de la función pública.