Cámaras empresarias de todo el país impulsan un proyecto de ley ingresado al Senado que declara la emergencia tarifaria, impositiva, productiva y laboral para las MiPyMEs. La iniciativa busca aliviar costos, ordenar deudas y facilitar el acceso al crédito ante un escenario marcado por la caída del consumo, el aumento de tarifas y la pérdida de rentabilidad.
Las cámaras que representan al entramado productivo PyME avanzan en el Congreso con una Ley de Salvataje Nacional para el sector, con el objetivo de frenar el deterioro económico que atraviesan miles de pequeñas y medianas empresas en todo el país. El proyecto, ingresado en el Senado bajo el expediente S. 611/26, propone declarar la emergencia tarifaria, impositiva, productiva y laboral para las MiPyMEs, en un contexto que combina retracción del consumo, presión fiscal, encarecimiento de la energía y falta de financiamiento.
La iniciativa contempla un paquete de medidas orientadas a reducir los costos energéticos, aliviar la carga tributaria, regularizar deudas y facilitar el acceso al crédito, con el objetivo de evitar que más empresas deban recurrir a concursos preventivos, enfrenten pedidos de quiebra o cierren de manera definitiva. Según sostienen las cámaras, el actual escenario económico está empujando a muchas firmas a una situación límite, con pérdida de capital de trabajo y destrucción de empleo registrado.
El proyecto cuenta con el acompañamiento de un grupo de senadores nacionales integrado por Martín Soria, Sergio Uñac, Jorge Capitanich, Cristina López, Florencia López, Carlos Linares, Alicia Kirchner, José Mayans y Fernando Salino, quienes respaldaron la iniciativa tras una serie de reuniones y mesas de trabajo con representantes del sector productivo. Desde esos encuentros surgió un diagnóstico común: las PyMEs atraviesan una crisis estructural que requiere una respuesta legislativa urgente y de alcance federal.
En las instancias de diálogo participaron referentes de Industriales PyMEs Argentinos (IPA), Pro Tejer, la Confederación Federal PyME Argentina, el Centro de Industriales Panaderos del Norte (CIPAN), la Unión Industrial de Berazategui, la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero, la Cámara Argentina de la Industria del Calzado y la Cámara de Industriales Fundidores, entre otras entidades representativas del entramado industrial y productivo nacional.
Desde las cámaras vienen advirtiendo ante legisladores de distintos bloques que la crisis se expresa en múltiples frentes: caída sostenida del consumo interno, aumento de tarifas, presión impositiva creciente, escasez de crédito productivo, apertura importadora, pérdida de rentabilidad y un incremento de los concursos preventivos y cierres de establecimientos. Señalan, además, que este combo erosiona la competitividad de las empresas nacionales y debilita las economías regionales.
En ese marco, el presidente de Industriales PyMEs Argentinos (IPA), Daniel Rosato, subrayó que la declaración de la emergencia PyME debe convertirse en una prioridad nacional, al advertir sobre el impacto social que tiene cada cierre de una unidad productiva.
“Cada fábrica que cierra no es solo una empresa menos. Son trabajadores que pierden su empleo, proveedores que dejan de vender, comercios que venden menos y comunidades enteras que se ven afectadas”, remarcó Rosato, y agregó: “Por eso necesitamos que la política escuche a quienes producen y sostienen el empleo en la Argentina”.
Las entidades empresarias sostienen que la ley permitiría ganar tiempo y previsibilidad para un sector que explica la mayor parte del empleo privado del país y constituye la base del desarrollo productivo. En ese sentido, reclaman que el debate avance con celeridad en el Congreso y que se construyan consensos amplios para evitar una profundización de la crisis, que ya se siente con fuerza en fábricas, talleres y comercios de todo el país.