Se pretende detectar y sancionar el uso malicioso de la tecnología, con el objetivo de “garantizar la realización de campañas electorales transparentes, auténticas y comprometidas”.
El diputado provincial de Nuevos Aires, Fabián Luayza, presentó un proyecto de ley para detectar y sancionar el uso malicioso de la tecnología en procesos electorales, con el objetivo de “garantizar la realización de campañas electorales transparentes, auténticas y comprometidas en la provincia de Buenos Aires”.
El legislador de Berazategui indicó que la normativa, que lleva las firmas de Gustavo Cuervo y Viviana Romano, se dirige a “la prevención, detección y sanción de prácticas de desinformación, manipulación digital y uso malicioso de la tecnología digital, deepfakes, bots automatizados y otros recursos que puedan afectar la transparencia, equidad y autenticidad del proceso electoral”.
El proyecto presentado por Luayza señala que quedan expresamente prohibidas las determinadas conductas durante el período electoral, tales como “crear, difundir o financiar contenido audiovisual, gráfico o sonoro, generado total o parcialmente mediante inteligencia artificial u otros medios digitales, que simule o manipule la imagen, voz, declaraciones o comportamiento de una persona, con el fin de confundir, inducir al error o dañar su reputación pública”.
También sería prohibido “usurpar identidades en redes sociales, sitios web, mensajería u otros entornos digitales, con fines de engaño o afectación de la credibilidad de personas o agrupaciones políticas”.
Además, se repara en el mismo sentido que a “promover campañas de desinformación, fake news o contenidos electorales falsos sin respaldo verificable ni fuente identificable” y “utilizar fondos partidarios, públicos o privados, para financiar directa o indirectamente campañas sucias o tecnológicamente manipuladas”.
De este modo, quienes lleven adelante este tipo de prácticas recibirán las siguientes sanciones tales como “multas de entre diez y cien Salarios Mínimo Vital y Móvil”; “suspensión de publicidad oficial electoral o de beneficios establecidos en leyes de financiamiento político provincial” e “inhabilitación para ocupar cargos públicos electivos en caso de reincidencia comprobada para el caso de las personas humanas”.
El proyecto de Luayza indica que la “presente ley será de aplicación en todos los procesos electorales provinciales, incluyendo elecciones generales y primarias provinciales, elecciones internas partidarias para cargos provinciales, referendos, consultas populares y toda otra instancia de carácter electoral donde se utilice comunicación política con fines proselitistas”.