El proyecto fue presentado por el sanjuanino Cristian Andino. Redefine la Responsabilidad Social Empresaria (RSE). El texto busca promover una mayor participación del colectivo en el sector privado.
Diputados del bloque de Unión por la Patria presentaron un proyecto de ley para promover la inclusión efectiva de las personas con discapacidad en el ámbito socio-productivo. La iniciativa propone la incorporación dentro de las políticas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) establecidas para las empresas que operan en el territorio nacional.
El texto tiene giro a las comisiones de Legislación del Trabajo, Discapacidad y Presupuesto y Hacienda. El proyecto es impulsado por el diputado sanjuanino Cristian Andino y acompañado por Joge Chica, Nancy Sand, Christian Zulli, Gabriela Pedrali, Pablo Todero y Jorge Araujo Hernández.
En los fundamentos, el legislador de la provincia de San Juan explicó que en Argentina “persisten importantes brechas en su efectiva implementación, particularmente en lo que refiere al acceso al empleo formal, digno y sostenible”. En esa línea, agregó que “esta situación evidencia la necesidad de avanzar en herramientas innovadoras que, complementando las políticas públicas tradicionales, promuevan una mayor participación del sector privado en la construcción de una sociedad más inclusiva”.
Asimismo, el texto redefine a la RSE como el “conjunto de prácticas, estrategias y sistemas de gestión implementados por las empresas, orientadas a generar valor económico, social y ambiental, en consonancia con estándares nacionales e internacionales vigentes”.
La iniciativa establece que la norma se aplique a todas las personas humanas y jurídicas que desarrollarán actividades económicas en el territorio argentino, con adecuaciones específicas para micro, pequeñas y medianas empresas. El objetivo es “asegurar” que la inclusión de personas con discapacidad se integre de manera transversal en el entramado productivo nacional, sin distinción de tamaño o rubro.
Además, el proyecto fija una serie de lineamientos obligatorios para las empresas: la incorporación progresiva de personas con discapacidad a sus planteles; la contratación de proveedores inclusivos; el apoyo a emprendimientos vinculados a la discapacidad; y la puesta en marcha de programas comunitarios.
También exige la elaboración de descripciones de puestos accesibles, mecanismos de selección que garanticen la igualdad de oportunidades y protocolos laborales orientados a la accesibilidad, los ajustes razonables y la prevención del acoso y la discriminación.
El texto también prioriza la integración de personas con discapacidad en las cadenas de valor, promoviendo su participación en procesos productivos, comerciales y de servicios bajo criterios de sostenibilidad y empleo digno.
Para estimular el cumplimiento, propone crear un régimen de incentivos que contemple prioridad en contrataciones estatales, un sello oficial de empresa inclusiva, acceso preferencial a financiamiento y una reducción del 50% en aportes y contribuciones patronales para trabajadores con discapacidad incorporados bajo este régimen.