Un fallo de primera instancia hizo lugar a una cautelar presentada por la minera y bloqueó cualquier intento de frenar las operaciones desde fuera de San Juan, en medio del conflicto judicial con La Rioja por el acceso y la jurisdicción.
La Justicia de San Juan resolvió habilitar la continuidad operativa del proyecto minero Vicuña al hacer lugar a una medida cautelar solicitada por la empresa, en el marco del conflicto judicial que mantiene con la provincia de La Rioja por restricciones al tránsito y a la actividad minera en la zona de influencia del emprendimiento.
La decisión fue adoptada por un juzgado de primera instancia con competencia multifuero de la Segunda Circunscripción Judicial y establece que ningún tercero —ya sea del ámbito público o privado— podrá obstruir, suspender o interferir en las actividades del proyecto, con excepción de las autoridades provinciales sanjuaninas. El emprendimiento cuenta con habilitación vigente del Ministerio de Minería de San Juan.
Según informó la compañía a través de un comunicado, el fallo otorga una protección precautoria sobre la operatoria del proyecto mientras se analizan los alcances de una resolución previa emitida por la Justicia de La Rioja, que había dispuesto restricciones al tránsito en una ruta provincial clave para la logística minera y ordenado la suspensión de ciertas actividades vinculadas a la iniciativa.
Frente a ese escenario, el equipo legal de Vicuña continúa evaluando el impacto y el alcance de la medida riojana, al tiempo que avanza en instancias judiciales e institucionales para garantizar el normal desarrollo de las operaciones.
Desde la empresa aseguraron que el proyecto sigue funcionando en estricto cumplimiento del marco legal vigente, priorizando la seguridad del personal y la continuidad operativa, y remarcaron que la reciente resolución judicial de San Juan refuerza la legitimidad de su accionar en el territorio provincial.
El conflicto se inscribe en una disputa más amplia entre San Juan y La Rioja en torno a la jurisdicción y el impacto del proyecto, que está ubicado en territorio sanjuanino pero utiliza vías de acceso que atraviesan la provincia vecina. En ese contexto, el Gobierno de San Juan reiteró su posición de defender la legalidad vigente y la titularidad provincial de los recursos naturales, en línea con lo establecido por la Constitución Nacional.