La denuncia que el Gobierno anunció contra el diputado nacional Rodolfo Tailhade encuentra su origen en una intervención particularmente extensa y minuciosa realizada por el legislador durante la sesión informativa del jefe de Gabinete en la Cámara de Diputados. Allí, el exjefe de Contrainteligencia de la SIDE combinó cuestionamientos de carácter jurídico con una reconstrucción detallada de viajes, gastos, movimientos personales y el uso de recursos estatales por parte de Manuel Adorni y de su entorno familiar.

Desde el inicio de su exposición, Tailhade marcó el marco legal desde el cual estructuraría su planteo. Recordó que, a diferencia de otros delitos, la figura de enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba, por lo que —según planteó— es el funcionario investigado quien debe demostrar la licitud del incremento patrimonial. Bajo ese argumento, cuestionó la decisión de Adorni de no responder sobre temas que se encuentran bajo investigación judicial y sostuvo que el Congreso tiene la obligación de preguntar cuando se trata de fondos públicos.

En ese contexto, el diputado avanzó sobre una serie de viajes familiares atribuidos al jefe de Gabinete durante 2024. Enumeró un viaje a Aruba en diciembre de ese año, con gastos que estimó en más de 15.000 dólares, y lo vinculó con otros desplazamientos realizados en los meses previos: una estadía en Bariloche, en el hotel Llao Llao, por la que —dijo— se habrían pagado unos 6.000 dólares solo en alojamiento, y un viaje de once días a Río de Janeiro. También mencionó un viaje de la esposa de Adorni a Chapelco y remarcó que, según la información de la causa penal, todos los gastos habrían sido abonados en efectivo.

A partir de esa enumeración, Tailhade sostuvo que no se trató de “cuatro días de vacaciones”, como —afirmó— había declarado el funcionario en medios, sino de más de un mes de “vacaciones VIP” concentradas en apenas seis meses. Su principal pregunta fue cómo se generó el efectivo necesario para afrontar esos gastos, que, según planteó, no guardan relación con las declaraciones juradas ni con los ingresos del matrimonio.

El legislador amplió luego sus cuestionamientos a viajes atribuidos a Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, entre ellos una estadía en Madrid en septiembre de 2025 y un viaje familiar a Puerto Iguazú, con gastos que estimó en varios miles de dólares. Aclaró que se trataba de datos provisorios surgidos del expediente judicial, pero insistió en que era obligación del funcionario responder.

Más adelante, Tailhade abordó un punto que no estaba —según subrayó— bajo investigación judicial: el viaje oficial a Estados Unidos que incluyó estadías en Miami y Nueva York. Citó textualmente el dictamen de la fiscalía que pidió el archivo de la causa y remarcó que los alojamientos fueron abonados con la tarjeta corporativa de la Jefatura de Gabinete. En ese marco, desmintió que los gastos hubieran sido afrontados de forma personal y preguntó específicamente quién pagó los pasajes de regreso en primera clase, valuados en más de 10.000 dólares.

Otro eje de la intervención estuvo puesto en la situación patrimonial de la esposa de Adorni. Tailhade preguntó por la existencia de dos cajas de seguridad a nombre de Angeletti en el Banco Galicia, una en Morón y otra en Retiro, y consultó si existían antes de que el funcionario asumiera cargos en el Poder Ejecutivo y si el propio Adorni era cotitular.

El tramo más sensible de la exposición fue el referido al régimen de custodias. El diputado citó la resolución vigente del Ministerio de Seguridad para señalar que los grupos familiares de los funcionarios no deben contar con custodia policial salvo que exista una amenaza concreta evaluada oficialmente. A partir de allí, afirmó que la esposa de Adorni cuenta desde el inicio de su gestión con un vehículo oficial y tres equipos de custodia de la Policía Federal, que —según describió— se utilizarían incluso para actividades de carácter estrictamente personal, como llevar a los hijos al colegio o concurrir a un bar del barrio de Palermo.

Con un nivel de detalle que incluyó horarios y lugares, Tailhade preguntó qué riesgos o amenazas justificaron la asignación de esa custodia y cuestionó que su costo sea afrontado con recursos públicos. Finalmente, sumó otro episodio: un vuelo a Mar del Plata, en febrero de 2024, para asistir a un show de Fátima Flórez, por el que —según sostuvo— los pasajes habrían sido abonados a través de la empresa estatal encargada de los traslados oficiales.

Ese conjunto de afirmaciones y preguntas, en especial las vinculadas a los movimientos cotidianos de la familia del jefe de Gabinete, es lo que el Gobierno considera ahora como información de “procedencia sospechosa” y el núcleo de la denuncia por espionaje ilegal que anunció tras la sesión.