Las máximas autoridades legislativas visitaron la Suprema Corte de justicia provincial para recibir de manos de los ministros el proyecto de Ley sobre la autarquía económica del Poder Judicial.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCBA), Sergio Gabriel Torres, junto al vicepresidente del Tribunal, Daniel Fernando Soria, recibieron a la vicegobernadora y presidenta de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, y al presidente de la Cámara de Diputados provincial, Alejandro Dichiara para hacerles entrega del proyecto de ley de Autonomía Presupuestaria y Autarquía Económica del Poder Judicial.
En el marco de la reunión llevada adelante en la Sala de Acuerdos del Tribunal, se hizo entrega a las autoridades de la Legislatura del proyecto de ley de Autonomía Presupuestaria y Autarquía Económica para el Poder Judicial elaborado por la SCBA.
En el encuentro, del que participó el titular del Área Electoral de la Dirección de Asesoramiento Técnico en relación a los Órganos de la Constitución SCBA, Carlos Safadi Márquez, también se dialogó “sobre otros temas orientados a afianzar la gestión entre ambas instituciones”, según se consignó.
Presentado en un acto público el pasado 28 de abril, el proyecto de autarquía judicial impulsado por la Suprema Corte de Justicia cuenta con la participación y el acuerdo de la Procuración General, el Colegio de Magistrados y Funcionarios provincial (CMFBSAS), la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), el Colegio de Abogados provincial (COLPROBA), y la adhesión de múltiples poderes judiciales del país, incluida la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS).
De esta forma, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha presentado formalmente ante el Poder Legislativo un proyecto de ley orientado a garantizar la autonomía presupuestaria y la autarquía económica-financiera del Poder Judicial.
Esta iniciativa propone facultar al Poder Judicial para gestionar sus recursos, incluyendo la captación de hasta el 50% de las utilidades de los depósitos judiciales del Banco Provincia.
Dichos fondos se destinarán a un fideicomiso de infraestructura e innovación tecnológica durante tres décadas.
Además, se impulsa una equiparación salarial con la Justicia Federal mediante un plan de cinco años y se establece un esquema de distribución del 65% para la administración de Justicia y el 35% para el Ministerio Público, con consenso de la Procuración, Magistrados y la AJB.
El proyecto, que incluye mecanismos de transparencia y control bicameral, seguirá el proceso legislativo de la provincia; pero nadie sostiene que finalmente el proyecto se trata en el corto plazo, pues se trata de una idea que la Corte reformula a lo largo del tiempo sin mayores consecuencias concretas.