El máximo tribunal rechazó intervenir de manera directa en el expediente por la Ley de Modernización Laboral al considerar que no se daban las condiciones excepcionales. El planteo oficial fue declarado inadmisible y la discusión continuará en otras instancias judiciales.
La Corte Suprema de Justicia desestimó el recurso de per saltum presentado por el Gobierno nacional para que el tribunal asumiera en forma inmediata el tratamiento judicial de la reforma laboral. Con la decisión, el conflicto por la validez de varios artículos de la Ley de Modernización Laboral seguirá su curso en los tribunales inferiores, sin que la Corte se pronunciara sobre el fondo de la cuestión.
El planteo había sido impulsado por la Procuración del Tesoro con el objetivo de que el máximo tribunal acelerara una definición sobre la constitucionalidad de la norma y dejara sin efecto las medidas cautelares que suspendieron parte de su aplicación, entre ellas una promovida por la CGT. El Ejecutivo argumentó que existía gravedad institucional y urgencia, requisitos centrales para habilitar el mecanismo del per saltum.
Sin embargo, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti concluyeron que el caso no reunía las condiciones excepcionales previstas en la ley y declararon inadmisible la presentación. En una resolución breve, la Corte se limitó a rechazar el recurso sin ingresar en el análisis de la reforma laboral.
La trama judicial
El pedido del Gobierno había sido presentado el 16 de abril, luego de que el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 63 suspendiera la aplicación de 83 artículos de la ley. Esa decisión fue posteriormente revocada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que restituyó la vigencia de la norma, un dato que en el ámbito judicial fue señalado como un factor que volvía “inoficioso” el per saltum en esta etapa del proceso.
En su presentación, la Procuración sostuvo que el juez laboral que dictó la cautelar era incompetente, cuestionó la existencia de un caso judicial válido y negó la legitimación colectiva de la CGT para impulsar la acción. También reclamó que se suspendieran los efectos de la sentencia hasta que la Corte resolviera en forma definitiva.
Más allá del rechazo del máximo tribunal, el expediente continuará tramitándose en el fuero contencioso administrativo federal. En ese sentido, la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo ordenó recientemente que el juez laboral Raúl Horacio Ojeda remita las actuaciones y dejó establecido que la discusión sobre la competencia del caso ya quedó saldada.
La decisión de la Corte significó un nuevo revés judicial para el Gobierno en su intento de consolidar la vigencia plena de la reforma laboral sancionada en sesiones extraordinarias, aunque el debate de fondo sobre la constitucionalidad de la norma todavía permanece abierto en los tribunales inferiores.