Jorge Taiana pidió la suspensión inmediata del proceso para concesionar la Vía Navegable Troncal al advertir graves irregularidades técnicas, jurídicas y ambientales. Aseguró que un informe presentado por el Gobierno como aval de la ONU es falso y recordó que ya existen denuncias penales en investigación.
El diputado nacional Jorge Taiana presentó un proyecto de resolución en la Cámara baja para exigir la inmediata suspensión de la licitación de la Vía Navegable Troncal del río Paraná, al considerar que el proceso está atravesado por serias irregularidades y cuestionamientos institucionales. Entre los argumentos centrales, advirtió sobre la presunta utilización de documentación apócrifa atribuida a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) como sustento técnico del procedimiento impulsado por el Poder Ejecutivo.
Según detalló el legislador, peritos informáticos concluyeron que el informe presentado por el Gobierno como respaldo internacional de la licitación no cumple con los estándares formales de la ONU y presenta inconsistencias que ponen en duda su autenticidad. Esa situación, remarcó, se suma a tres denuncias penales que actualmente investiga la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) y a un pedido de informes que el propio Taiana ya había promovido en Diputados.
“El proceso licitatorio de la Vía Navegable Troncal está plagado de irregularidades y sospechas, y por eso pedimos su impugnación desde el principio”, sostuvo el diputado, al fundamentar la iniciativa.
El proyecto expresa, además, un fuerte repudio al procedimiento iniciado por la Resolución 67/2025 para concesionar el principal corredor logístico del país, por donde circula la mayor parte de las exportaciones agroindustriales. En ese sentido, Taiana alertó sobre el impacto que el esquema propuesto podría tener sobre la soberanía nacional, el control estatal de un recurso estratégico y la transparencia administrativa, así como sobre el federalismo y la protección ambiental.
Entre los cuestionamientos, el texto menciona la ausencia de estudios de impacto ambiental integrales, el posible direccionamiento de los pliegos y la progresiva desarticulación de organismos federales de control, lo que —según el diputado— debilita la capacidad del Estado y de las provincias ribereñas para fiscalizar una infraestructura clave para el comercio exterior argentino.
La iniciativa también reclama que cualquier futuro proceso de concesión garantice reglas claras de legalidad, control público, participación efectiva de las provincias y resguardo del interés nacional. Hasta tanto se esclarezcan las denuncias en curso, Taiana pidió que el Ejecutivo suspenda de manera inmediata la licitación del río Paraná.