La petrolera profundizó su decisión de abandonar tres áreas hidrocarburíferas fueguinas pese a que el Gobierno mantiene suspendido el proceso de reversión. El caso expone una tendencia creciente: la retirada de privadas de yacimientos convencionales maduros frente al avance de inversiones más rentables en otras cuencas.
La petrolera Roch profundizó su decisión de retirarse de tres áreas hidrocarburíferas en Tierra del Fuego, aun cuando el Gobierno provincial mantiene formalmente suspendido el proceso de reversión de las concesiones. La situación abrió un nuevo capítulo de tensión entre la compañía y las autoridades locales, y volvió a poner en primer plano un fenómeno que empieza a replicarse en distintas provincias productoras: el abandono acelerado de yacimientos convencionales considerados de baja rentabilidad frente al avance de proyectos más productivos en otras cuencas.
La empresa que encabeza Ricardo Chacra notificó oficialmente su intención de desprenderse de las concesiones Río Cullen, Las Violetas y Angostura, que opera a través de una unión transitoria de empresas (UTE) integrada además por Petrolera El Trébol, Crown Point Energía, St. Patrick Oil & Gas, Secra y Desarrollos Petroleros y Ganaderos.
El pedido original de reversión fue presentado a fines de 2025 por la UTE y contemplaba la devolución de superficies significativas en dos de los tres bloques. En el área CA‑12 Río Cullen, la solicitud alcanzó 210,3 kilómetros cuadrados sobre un total concesionado de 353,8 km². En CA‑13 Las Violetas, la reversión propuesta fue aún mayor: 536,28 km² de un total de 1.210,57 km². En el caso de CA‑14 Angostura, el planteo incluyó la restitución de 228,9 km² sobre 417,6 km² concesionados.
Sin embargo, desde el Ministerio de Energía de Tierra del Fuego reiteraron que la reversión de áreas no es una decisión automática ni unilateral por parte de las compañías. Por el contrario, requiere la aprobación expresa del Estado provincial y la finalización de un procedimiento administrativo complejo. Esa postura quedó ratificada en una nueva resolución firmada por la cartera que conduce Gabriela Castillo, en la que se dejó constancia de que la UTE continúa siendo plenamente responsable de las concesiones mientras el proceso no concluya formalmente.
El Gobierno fueguino remarcó además que la empresa debe seguir cumpliendo con todas las obligaciones contractuales vigentes, entre ellas el pago de cánones, las tareas de mantenimiento de las instalaciones y la remediación ambiental de los pasivos existentes en las áreas. En ese marco, las autoridades provinciales cuestionaron el desempeño de la operadora en materia de inversiones recientes y advirtieron sobre posibles riesgos ambientales asociados a la operación de los bloques.
Como parte del expediente, la provincia exigió la presentación de informes técnicos detallados sobre pasivos ambientales, así como auditorías de integridad mecánica de pozos e instalaciones, condición considerada imprescindible antes de evaluar cualquier eventual reversión. Uno de los puntos más sensibles del conflicto gira en torno a la responsabilidad sobre pozos perforados en etapas anteriores de la concesión.
La empresa planteó diferencias respecto de esos pasivos históricos, al sostener que no le correspondería responder por trabajos realizados antes de su ingreso a las áreas. No obstante, el dictamen legal incorporado al expediente rechazó ese argumento y ratificó que la UTE es responsable por la totalidad de las superficies concesionadas, independientemente de cuándo se hayan generado los pasivos.
El conflicto marca un cambio significativo respecto del escenario que existía apenas meses atrás. Hacia fines del año pasado, Roch buscaba renovar las concesiones en Tierra del Fuego y el Gobierno provincial analizaba esa posibilidad con cautela. El panorama comenzó a modificarse luego de que la compañía obtuviera nuevas áreas convencionales en Santa Cruz, consideradas mucho más atractivas desde el punto de vista productivo y económico.
La petrolera comenzará a operar allí bloques como Cañadón Yatel, El Guadal‑Lomas del Cuy y Cerro Piedra‑Cerro Guadal Norte, en asociación con empresarios históricamente vinculados al desarrollo de Vaca Muerta y a la industria energética nacional. Con ese nuevo horizonte, las áreas fueguinas perdieron peso dentro del esquema operativo de la compañía.
Desde la interpretación oficial del Ejecutivo provincial, el pedido de reversión no responde al agotamiento natural de los yacimientos, sino a una estrategia de desinversión sostenida en el tiempo. “No se trata de áreas inviables, sino de una decisión empresarial orientada a concentrar recursos en otros proyectos”, deslizan en el entorno del Ministerio de Energía fueguino.
El avance de este tipo de procesos genera preocupación creciente entre las provincias productoras, tanto por el impacto económico y laboral como por las consecuencias ambientales que puede acarrear el retiro acelerado de operadores privados. Las administraciones locales buscan evitar que las áreas queden paralizadas, sin inversiones ni tareas de mantenimiento, y con pasivos que terminen recayendo sobre el Estado.
El debate, además, vuelve a poner sobre la mesa un desafío estructural para el sector hidrocarburífero argentino: definir qué ocurrirá con cientos de yacimientos maduros en un contexto en el que las inversiones se concentran cada vez más en desarrollos no convencionales de alta productividad, mientras las cuencas tradicionales enfrentan un progresivo proceso de repliegue empresarial.