Como publicó este medio el pasado 22 de abril, el presidente del bloque de senadores de Fuerza Patria, Sergio Berni, presentó un proyecto para crear un Sistema Provincial de Gestión del Riesgo de Desastres y actualizar el funcionamiento de la Defensa Civil bonaerense.

La propuesta incorpora herramientas de planificación, capacitación y articulación entre Provincia y municipios.

El proyecto volvió a cobrar relevancia tras la reciente ciclógenesis que golpeó a la costa bonaerense el 9 de mayo y provocó importantes daños en ciudades turísticas como Monte Hermoso, Mar del Plata y Necochea.

El temporal generó olas de hasta siete metros, vientos superiores a los 90 km/h y erosión costera en distintos sectores del litoral atlántico.

“Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la organización del sistema en tres niveles de acción: provincial, zonal y municipal, con responsabilidades específicas para cada uno”, explicó Berni en los fundamentos del proyecto.

La iniciativa establece que el Poder Ejecutivo provincial tendrá la conducción general del sistema, mientras que los municipios deberán elaborar mapas de riesgo y planes de emergencia propios, sujetos a homologación provincial.

Además, se incorporan figuras como los jefes zonales para coordinar las acciones territoriales.

En ese sentido, Berni explicó que "la norma también contempla la creación de un Consejo Provincial de Gestión del Riesgo de Desastres como órgano estratégico de planificación y refuerza el rol de la Dirección Provincial de Defensa Civil como coordinadora ante emergencias.

A su vez, el texto promueve la capacitación, el desarrollo de sistemas de alerta temprana y la articulación con organismos públicos, privados y organizaciones de la sociedad civil.

En materia de financiamiento, el proyecto prevé la creación de un fondo provincial específico destinado a fortalecer la capacidad operativa, financiar tareas de prevención y mejorar la respuesta ante situaciones críticas. También incorpora un registro de voluntarios y entidades civiles para intervenir en tareas de asistencia bajo supervisión estatal.

La propuesta incorpora además una perspectiva integral que contempla la participación comunitaria, la equidad de género y la inclusión de personas con discapacidad en las políticas de prevención y asistencia.