En la que fue la última audiencia para escuchar a los postulantes para cubrir vacantes judiciales, la Comisión de Acuerdos que preside Juan Carlos Pagotto escuchó este jueves a una veintena de aspirantes a jueces, defensores, camaristas y conjueces, pero en este caso -a diferencia de anteriores reuniones- la mayoría fueron para cargos en distritos de todo el país.

Todos los postulados tuvieron dictamen y quedaron habilitados para ser votados en la próxima sesión que se programe en la Cámara alta.

Las exposiciones

Abrió el juego Gerardo Daniel Cacace, propuesto como juez del Tribunal Federal de Juicio de Formosa, quien arrancó su exposición con una pregunta: “¿Por qué un abogado sin recorrido judicial podría ser juez?” y se respondió: “El abogado litigante tiene conocimiento profundo de primera mano de la problemática que el justiciable tiene en cuanto a la necesidad de una justicia eficiente, eficaz y fundamentalmente rápida. Esta perspectiva es la que pretendo incorporar al desempeñar la magistratura, unido por supuesto a las condiciones que todo magistrado de carrera debe tener”. Dicho lo cual, detalló su currículum en la carrera judicial.

El siguiente expositor era uno de los que había generado mayor expectativa de esta última tanda de pliegos judiciales. Hablamos de Emilio Rosatti, hijo del titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, propuesto para juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Arrancó detallando sus comienzos, en 2007, como escribiente auxiliar en Santa Fe, para luego ser prosecretario, y llegar en 2013 a ser secretario electoral en su provincia. En 2018 llegó al tribunal oral donde ahora es secretario de Cámara.

Al detallar las características del tribunal en el que aspira desempeñarse, contó que casi el 70% de las causas que se tramitan versan en la materia de estupefacientes. “Es de los tribunales que mayor cantidad de sentencias dictaron en el país en los últimos años. Funciona muy bien; la mayor complejidad está en la secretaría de ejecución, que tiene casi 450 detenidos, no se descansa. No hay un juez de ejecución determinado para esta secretaría,  por lo cual los jueces del tribunal se turnan año a año para ser jueces de ejecución. Esto creo que es el mayor desafío, pero es un tribunal que funciona muy bien”.

Rosatti hizo hincapié en que a la justicia “le cuesta organizarse para combatir algo que ya está organizado”. En su provincia, conviven dos sistemas, y el juez tiene que acomodar su cabeza para la audiencia con el viejo y el nuevo sistema. Resaltó que en materia de estupefacientes, la provincia ha adherido a la Ley de Narcomenudeo, entonces “se pueden suscitar cuestiones de competencia, porque “no es fácil decir: hasta aquí es narcomenudeo, hasta aquí es narcotráfico, y ver qué parte va a la justicia federal y qué parte va a la provincial”.

Advirtió también sobre las distintas fuerzas de prevención que intervienen en Santa Fe: federales, provinciales, también Preectura. “Todos pueden actuar en los distintos ámbitos y pisarse en las investigaciones; las investigaciones pueden frustrarse si no hay una organización”, advirtió, insistiendo en que “todo esto complejiza más poder organizarse para luchar contra algo que ya está organizado”, y dijo que su compromiso es “poner empeño en que este engranaje sea lo mejor posible, para que la justicia responda en tiempo oportuno y que el justiciable tenga resuelto el caso de la mejor manera”.

Walter Alberto Rodríguez, quien aspira a convertirse en juez del Juzgado Federal de Garantías Nº 2 de Santa Fe, provincia de Santa Fe, señaló luego que pasó por todos los cargos que componen la estructura del juzgado Federal N° de San Isidro, que es en el que hizo la carrera. Cumplió también funciones de juez federal subrogante y contó que hace 14 años desempeña el cargo de fiscal. En base a estadísticas del juzgado, dijo haber tomado noción del “enorme caudal de trabajo que pesa sobre el juzgado”. En primer lugar, hay causas sobre seguridad previsional; en segundo lugar, la tramitación de los reclamos en el ámbito de las deudas líquidas y exigibles de ARCA y Aduana. “Hay una creciente demanda también en lo relativo a amparos, principalmente de salud, y completan este panorama los trámites de naturaleza contencioso administrativo”, comentó.

Aspirante a defensor público oficial federal del interior del país, con asiento en la ciudad de Mendoza, expuso luego Carlos Agustín Parma, quien destacó que la defensoría a la que aspira desempeñarse “tiene una carga de trabajo muy grande. 31 personas trabajan hoy allí. En la Defensoría tiene una gran cantidad de audiencias diarias, trabaja bien, con compromiso y empatía”, comentó, agregando que “otro de los elementos que hacen a la dinámica de trabajo de la defensoría, está el Complejo Penitenciario VI de Luján de Cuyo, donde hay más de 850 internos, y que genera una interacción con la Defensoría, en tanto y en cuanto asisten en diversos reclamos que pueden surgir de las personas privadas de su libertad”.

A su turno, Santiago Joaquín Saux, propuesto como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela, provincia de Santa Fe, respecto del que dijo que es un tribunal “bastante nuevo”, puesto en funcionamiento en 2014. “Con competencia múltiple”, dijo, apuntando que abarca “una zona muy grande, es el 30% del territorio provincial, muy productiva, que tiene su punto de conflicto”, que ejemplificó en el amplio trazado de la ruta 34, que es competencia del juzgado de Rafaela. Se refería al narcotráfico que llega desde Bolivia al puerto de Rosario. “Ha habido un trabajo interesante de las fuerzas de seguridad en los últimos meses, detectando una importante cantidad de estupefacientes”, resaltó.

La RAM como grupo terrorista

Expuso también Pablo Antonio Matkovic, propuesto como juez del Tribunal Federal de Juicio de Neuquén, provincia del Neuquén, quien en 2017 -como defensor oficial- presentó un hábeas corpus contra Patricia Bullrich (en ese momento ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri) por un allanamiento a una comunidad mapuche. Al hablar ante los senadores, señaló la particularidad de su provincia respecto de la desfederalización del narcomenudeo, que tuvo “resultados importantes”, respecto de lo cual destacó que “la provincia tuvo un plan desde el Ministerio Público Fiscal y en los índices de ese sistema tan criticado, que en otras provincias no funcionó, la justicia federal de Neuquén le impone un nuevo desafío: cómo articular sin tener el narcomenudeo; esa tarea la hace muy bien la provincia”.

Cerró indicando que llegaba a esta propuesta en una etapa de su vida en la que tiene un cargo muy importante -es defensor federal de Neuquén- desde hace muchos años; no me voy del cargo por dinero, que va a ser el mismo, sino un desafío personal: aportar para Neuquén y la justicia federal mis ganas de acompañar”.

A la hora de las preguntas de los senadores, Patricia Bullrich le preguntó por la inclusión del grupo RAM en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dispuesta en febrero pasado por el Gobierno.

Matkovic respondió que el terrorismo se trata de “un flagelo mundial y por supuesto la Argentina no está exenta de ser víctima” de los mismos, a propósito de lo cual citó los dos atentados sufridos contra entidades israelíes en nuestro suelo. “Entiendo que es una decisión propia del Ejecutivo y en función de eso, los elementos que tuvieron para evaluar han habilitado la inclusión. Me parece que eso es positivo si se está trabajando para detectarlo”.

De paso, citó un caso registrado en Bariloche de “una secta con ciertos rasgos de gran organización internacional, respecto de la trata de personas, y uno de los principales representantes está condenado por hechos de terrorismo en el exterior. Así que la Argentina, como eje de este nuevo orden mundial, y sobre todo el vector de Vaca Muerta, deben tener la máxima atención sobre esos lugares que son de pleno desarrollo”.

Habló luego Diego Anzorreguy, propuesto como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Salta, quien realizó una extensa exposición sobre los cargos diversos que ocupó en su carrera, hasta llegar a la actualidad, en que espera que su trayectoria es su base para considerarse “más que preparado para asumir el cargo” para el que se propone, un tribunal multifuero. Y concluyó remarcando la importancia “no solamente de la formación técnica, sino también el desarrollo humano, los vínculos. Es importante tener empatía, tanto con el personal y es importante la capacitación constante para seguir brindando un mejor servicio de justicia”.

La elección popular de jueces

Expuso también Juan Manuel Mejuto, candidato a juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°8 de la Capital Federal, vinculado a los orígenes de la agrupación K Justicia Legítima, un asunto que el propio Gobierno se encargó de salir a desmentir por medio de la cuenta de X de la Oficina de Respuesta Oficial.

En su presentación, detalló las características del tribunal que si es aprobado le tocará integrar, y citó estadísticas que hablaban de un promedio de entre 60 y 80 causas mensuales, mientras que en mayo de 2026, el promedio es estimado en 300 causas, la mitad ya listas para fijarles fecha de debate. “Tiene un altísimo promedio de juicios colegiados, incluso días fijos para realizar juicios orales, por lo que tiene una actividad casi permanente todos los días de la semana”, agregó, destacando luego la importancia de “la regla de la presencialidad absoluta sobre todo en juicios de causas complejas”.

“Esta vacante hay que incluirla por razones, entre ellas, de cumplir satisfactoriamente el servicio de justicia, y mejorar el nivel de juicios unipersonales”, cerró.

A la hora de las preguntas, Bullrich le preguntó si consideraba que la elección popular de jueces es el mecanismo adecuado a implementar, a lo que Mejuto contestó que “el mecanismo de elección popular tendría que optimizarse en términos de eficiencia para poder equiparar este mecanismo complejo con el que estamos discurriendo actualmente. Es una opción válida, debe ser discutida en función de la normativa vigente, atravesada por un debate legítimo… Y sí, considero que es un debate posible”.

El titular de la comisión, Juan Carlos Pagotto le preguntó si opinaba que el proceso penal tiene que estar integrado por el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y el juez. Esto es: “El Estado te acusa, el Estado te defiende y el Estado te condena”. Mejuto dijo que “esa es una de las posibilidades; no hay que perder de vista que vamos probablemente a un sistema que dé cuenta de un juez que administre el conflicto entre partes y esas partes pueden ser representadas como en algunos casos sucede por el Estado”.

Pagotto no pareció estar muy convencido por la respuesta, pero quedó en seguirla en otra oportunidad, mientras que Bullrich volvió a preguntar: “¿Qué independencia considera usted cuando el proyecto que avanzó en Argentina respecto de la elección popular de los jueces consideraba al juez parte de la misma boleta electoral de un partido? ¿Qué nivel de dependencia va a tener ese juez del partido con el que comparte boleta y qué significa para usted el modelo de selección de jueces instaurado en la Constitución Nacional?”.

Mejuto advirtió entonces que no había interpretado la pregunta anterior que le había hecho Bullrich. “Incurrí en un error, obviamente… Hay distintos principios fundamentales que tiene nuestro tablero político de garantías constitucionales, uno de ellos es el de la independencia e imparcialidad, de eso no cabe ninguna duda”, contestó. Y concluyó: “Un juez para poder mantenerse en un criterio de independencia, ahora que entiendo el planteo que me hacía, es una persona que tiene que tener primer muy claro que debe hacer un juicio frente a lo externo, desposeerse de esa situación entender que tiene que obrar en función de aquello que lo tiene que guiar en la resolución justa del caso, en este sentido se encara la función judicial, no aferrarse al enojo, a la presión. Los jueces resuelven muchos de esos conflictos cuando nadie los ve. En ese momento de soledad, aprovechar justamente el momento de dificultad para forjar su carácter, su vigor y sobre todo para buscar la solución justa del caso. Discúlpeme, no le había entendido antes”.

El resto de los expositores

Pasaron también por la Comisión de Acuerdos Leandro Agustín Gómez Constenla, propuesto como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro; Javier Souto, como juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 31 de la Capital Federal; Paula Diana Marinkovic, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 77 de la Capital Federal; y Marcelo Alejandro Peluzzi, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 2 de la Capital Federal.

También asistieron Sebastián Guillermo Soneira, propuesto como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, provincia de Mendoza, sala A, y Juan Ignacio Lazzaneo, propuesto como defensor público de víctima, con asiento en la provincia de Entre Ríos.

Y también asistieron Lucila Califano, Paula Diana Marinkovic, Ramiro Santo Fare, Claudia Inés D’Acunto, Raúl Augusto Montesano y Adrián Jorge Hagopian, propuestos como conjueces de los juzgados nacionales de primera instancia en lo civil con competencia exclusiva en asuntos de familia y capacidad de las personas de la jurisdicción de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal.