Un proyecto impulsado por el diputado jujeño Guillermo Snopek propone garantizar el suministro para uso vital, impedir cortes por falta de pago y obligar al Estado a invertir en infraestructura.
Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados por el legislador de Unión por la Patria Guillermo Snopek, acompañado por Nicolás Trotta, José Glinski, Santiago Roberto y Jorge Chica Muñoz, plantea reconocer de manera expresa el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental en la Argentina, con el objetivo de garantizar su disponibilidad universal.
La iniciativa establece que toda persona debe poder acceder al agua para uso personal y doméstico “en condición suficiente, saludable, aceptable, accesible y asequible”, fijando así un estándar integral que el Estado deberá cumplir en todo el territorio nacional.
Uno de los puntos centrales del proyecto es que las autoridades deberán desarrollar planes de inversión e infraestructura que permitan asegurar ese derecho, asignando recursos de manera progresiva y en el menor plazo técnicamente posible. A la vez, se garantiza el acceso a la información ambiental y la participación ciudadana en la gestión del recurso.
Asimismo, la propuesta introduce una cláusula clave en términos sociales: prohíbe la interrupción total del suministro de agua por falta de pago, obligando a las empresas prestadoras a mantener un caudal mínimo indispensable para la subsistencia.
El texto también prevé mecanismos de protección para los usuarios, al habilitar que cualquier persona afectada en su derecho pueda recurrir a la vía administrativa y judicial para reclamar su cumplimiento.
En los fundamentos, Snopek argumenta que si bien el acceso al agua ya ha sido reconocido en fallos judiciales —como el caso “Kersich” de la Corte Suprema—, en la práctica su ejercicio depende muchas veces de la capacidad de los ciudadanos de acceder a la justicia, lo que genera desigualdades.
El proyecto se inscribe en una línea de antecedentes normativos y de derecho internacional que respaldan esta concepción. En ese sentido, recuerda que la Asamblea General de la ONU reconoció en 2010 el derecho humano al agua y al saneamiento, destacando que se trata de un recurso esencial para la vida y la salud.
También advierte sobre el contexto actual de discusión en torno a los recursos hídricos, particularmente tras la reciente modificación de la ley de glaciares, que —según señala el autor— redujo niveles de protección ambiental y reavivó el debate sobre la disponibilidad futura del agua en el país.
En ese marco, el proyecto declara además de interés público el uso racional, equitativo y sustentable del agua, subrayando la necesidad de preservar tanto la salud humana como los ecosistemas.
Para los impulsores de la iniciativa, avanzar en esta legislación no solo implica un reconocimiento formal, sino también una obligación concreta del Estado de garantizar condiciones mínimas de vida, en línea con la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.
De aprobarse, la norma daría un paso hacia la consolidación del agua como un derecho plenamente exigible, en un contexto donde su acceso y gestión se consolidan como uno de los desafíos estructurales más relevantes a nivel global y local.