El Gobierno nacional envió dos aviones militares Hércules C-130 a Bolivia en medio de los conflictos sectoriales y pedido de renuncia contra Rodrigo Paz, presidente de dicho país.
Un grupo de diputados de Unión por la Patria presentó un pedido de informes al Gobierno nacional por el envío de dos aviones militares Hércules C- 130 a Bolivia, en medio de los conflictos sectoriales, bloqueos y pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Según argumentaron en el proyecto, el diputado opositor boliviano Rolando Pacheco (Alianza Popular) denunció públicamente que los aviones Hércules argentinos no estarían transportando ayuda humanitaria sino material para reprimir las movilizaciones.
Además, precisaron que “la represión del gobierno boliviano ya dejó: personas asesinadas a manos de las fuerzas de seguridad, decenas de heridos, algunos con impactos de bala que provocaron pérdida de visión, al menos 47 detenidos al 16 de mayo (Defensoría del Pueblo de Bolivia)”.
“Argentina ya pasó por esto. En noviembre de 2019, el gobierno de Macri envió a Bolivia un Hércules C-130 con el Grupo Alacrán de Gendarmería y, sin manifestación en los registros de embarque, 70.000 cartuchos antitumulto, granadas de gas y otros materiales represivos”, recordaron y sumaron: “Esa carga se entregó a las fuerzas del gobierno golpista de Áñez días antes de las masacres de Sacaba (15/11/2019) y Senkata (19/11/2019). La resolución que autorizó el envío fue firmada por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich — hoy senadora nacional y jefa del bloque oficialista en el Senado”.
En ese sentido, plantearon: “Por eso la sola palabra del gobierno argentino no alcanza. Hace falta documentación, manifiestos de carga verificados, lista de personal embarcado, marco jurídico del operativo. Eso es lo que pedimos”.
Entre los fundamentos, manifestaron que el cuadro se agrava porque el 24 de abril el gobierno de Paz designó como Viceministro de Seguridad Ciudadana al General Rodolfo Montero Torrico, que era Comandante General de la Policía Boliviana durante las masacres de Sacaba y Senkata de 2019. “Está imputado por la Fiscalía boliviana por genocidio, homicidio y lesiones graves”, precisaron.
“El ciudadano argentino Fernando Cerimedo —segundo donante de la campaña presidencial de Milei en 2023— se desempeña hoy como asesor personal del presidente Paz Pereira, según declaraciones del propio vicepresidente boliviano Edmand Lara”, indicaron.
“La sospecha sobre la verdadera naturaleza del envío crece cuando se contrasta con la indiferencia del gobierno argentino frente a otras emergencias humanitarias reales. Argentina votó por primera vez en su historia a favor del bloqueo a Cuba en la ONU el 30 de octubre de 2025”, expresaron y agregaron: “No dispuso ninguna asistencia humanitaria a la isla, pese a que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos caracterizó la situación cubana como ‘privación energética’ provocada por el bloqueo de combustible de Trump”.
Al respecto, consideraron que “hay elementos suficientes para sospechar que no estamos ante ayuda humanitaria, sino ante un respaldo material a la represión. El gobierno de Milei tiene que dar explicaciones precisas para despejar cualquier duda. No podemos tolerar que el Estado argentino respalde la represión a un pueblo hermano. Es falso que las manifestaciones sean desestabilizadoras, como han planteado Milei y el gobierno estadounidense. Romper el Estado de Derecho es masacrar las movilizaciones e impedir el ejercicio del derecho a la protesta”.