La diputada nacional Mónica Frade presentó un proyecto de ley para modificar el artículo 120 de la Ley de Contrato de Trabajo con el objetivo de reforzar la protección del salario frente a embargos. La propuesta introduce un cambio sustancial en el criterio vigente: establece que las remuneraciones serán inembargables hasta el equivalente de la canasta básica alimentaria (CBA) para una familia tipo, medida que publica el INDEC.

De prosperar, la reforma apuntará a reemplazar el esquema actual, que toma como referencia el salario mínimo vital y móvil, por un indicador más dinámico y ajustado al costo de vida. Según plantea la autora en los fundamentos, la normativa vigente quedó desfasada frente a la aceleración inflacionaria y la pérdida del poder adquisitivo, lo que en muchos casos deriva en que, aun respetando los límites legales, los descuentos judiciales terminen afectando ingresos indispensables para la subsistencia.

El proyecto es acompañado por los diputados Maximiliano Ferraro, Esteban Paulón, Pablo Yedlin, Martín Lousteau, Sergio Palazzo, Romina del Plá, Pablo Juliano, Vanesa Siley, Lourdes Arrieta, Nicolás Trotta, Néstor Pitrola, Sabrina Selva, Ramiro Gutiérrez y Carlos Castagneto, y sostiene que el salario tiene naturaleza alimentaria y, por lo tanto, debe contar con una protección especial. En ese sentido, advierte que el salario mínimo ha quedado muy por detrás de los valores de la canasta básica, lo que genera una brecha cada vez mayor entre los ingresos y las necesidades reales de los hogares. Como ejemplo, menciona que en los últimos años el salario mínimo llegó a cubrir apenas una porción de la canasta alimentaria, e incluso que en la actualidad solo alcanza para cubrir parte del mes en términos de alimentación para una familia tipo.

La iniciativa propone que el umbral de inembargabilidad se ajuste automáticamente en función de la CBA, un indicador oficial que se actualiza todos los meses. De esta manera, se busca evitar que el criterio pierda vigencia en contextos inflacionarios y garantizar que el trabajador conserve un ingreso mínimo que le permita afrontar sus necesidades básicas.

El texto también aclara que la medida no elimina la posibilidad de embargo, sino que delimita con mayor precisión qué parte del salario debe considerarse intangible. Los acreedores, en ese sentido, podrán avanzar sobre los montos que excedan el valor de la canasta alimentaria, en un intento de equilibrar el derecho al cobro de deudas con la protección del ingreso del trabajador.

Otro punto relevante del proyecto es la inclusión de una cláusula transitoria que establece que el nuevo criterio se aplicará a todos los casos en trámite en la Justicia, incluso aquellos iniciados con anterioridad a la eventual sanción de la ley. La medida busca evitar la continuidad de embargos que, bajo el nuevo esquema, resultarían incompatibles con el nivel mínimo de protección que se pretende garantizar.

En los fundamentos, Frade enmarca la propuesta en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en la doctrina de la Corte Suprema en materia de protección del trabajo, así como en compromisos internacionales asumidos por la Argentina en relación con los derechos económicos y sociales.

El proyecto cuenta con el acompañamiento de legisladores de distintos bloques, lo que refleja un intento de darle volumen político a una iniciativa que apunta a responder a una problemática extendida en un contexto de alta inflación y deterioro de los ingresos reales.