Un grupo transversal de diputados nacionales, liderado por la legisladora Mónica Frade, presentó este mes un petitorio dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en el que expresan su “profunda preocupación” por las asimetrías salariales que se vienen consolidando entre los empleados del cuerpo.

La iniciativa lleva la firma de representantes de distintos bloques políticos, entre ellos Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Germán Martínez (Unión por la Patria), Cecilia Moreau, Paula Penacca, Gisela Scaglia (Provincias Unidas), el socialista Esteban Paulón y Nicolás del Caño (FIT), lo que evidencia un reclamo de carácter amplio y multipartidario dentro de la Cámara baja.

En el texto, los legisladores señalan que las desigualdades se originan en la implementación reciente de adicionales y suplementos que no responden a criterios “objetivos, generales ni equitativos”. Según advierten, en los últimos meses se otorgaron incrementos y bonificaciones dirigidos especialmente a personal jerárquico y a áreas específicas —como la Dirección de Comisiones—, generando una brecha significativa respecto de otros sectores del personal legislativo.

Si bien reconocen la importancia de la labor que realizan los trabajadores de comisiones, los firmantes del petitorio remarcan que todas las áreas cumplen funciones esenciales para el funcionamiento parlamentario. En particular, ponen el foco en la situación del personal que se desempeña en los despachos de diputados y diputadas, que —según describen— queda excluido de los beneficios salariales, pese a desempeñar tareas clave como el análisis de proyectos de ley, la elaboración de iniciativas legislativas, la participación en reuniones de asesores y el acompañamiento en la agenda institucional y territorial de los legisladores.

El documento también introduce un elemento comparativo al mencionar lo ocurrido en el Senado de la Nación, donde —de acuerdo con información pública y versiones difundidas en medios— se habrían implementado recientemente mecanismos de actualización salarial más amplios y favorables. En ese sentido, aunque reconocen la autonomía administrativa de cada Cámara, los diputados advierten que estas diferencias generan interrogantes sobre la razonabilidad y equidad en el tratamiento de trabajadores que forman parte del mismo poder del Estado bajo un régimen común.

Desde el punto de vista jurídico, el planteo se apoya en principios constitucionales como la igualdad ante la ley (artículo 16) y el derecho a condiciones dignas y equitativas de trabajo (artículo 14 bis). En esa línea, los firmantes sostienen que la asignación discrecional de adicionales sectoriales vulnera el principio de “igual remuneración por igual tarea” y desnaturaliza el régimen escalafonario establecido por la Ley 24.600.

Para los diputados, la situación actual no solo implica un retroceso en términos de derechos laborales, sino que también consolida una estructura de desigualdad interna dentro del propio Congreso de la Nación.

Ante este escenario, el petitorio incluye dos pedidos concretos dirigidos a la Presidencia de la Cámara: por un lado, una recomposición integral de los haberes, adicionales y suplementos vigentes; por otro, la implementación de criterios claros, transparentes y de alcance general para la asignación de bonificaciones.

“El fortalecimiento del Congreso no puede construirse sobre la base de inequidades internas”, advierten los legisladores, quienes concluyen que garantizar condiciones laborales justas constituye una obligación institucional ineludible.