La sesión de la Cámara de Diputados de la Nación dejó una señal alarmante: la media sanción a la modificación de la ley de zona fría. Este fondo fiduciario, concebido para subsidiar el gas en regiones de baja temperatura, es un recargo tarifario del 7% que pagamos todos los usuarios del país. Es decir, no se trata de un costo fiscal, sino de un mecanismo de redistribución solidaria.

Pero, ¿qué ocurre cuando se elimina la zona fría en provincias como Córdoba o San Luis? Que, pese a perder el subsidio, seguimos pagando el recargo. Son 457 mil millones de pesos, una cifra astronómica.

La pregunta es: ¿a dónde van? La respuesta, cada vez más clara, es que estos fondos se dirigen a las empresas productoras de gas y petróleo, en un claro giro de la política energética. Así, se les quita a los usuarios más vulnerables para engordar los bolsillos de las grandes corporaciones.

En Córdoba, más de 600 mil hogares perderán el subsidio, mientras que en San Luis, más de 120 mil familias se verán afectadas. Esta decisión no solo golpea a las familias de las regiones afectadas, sino que consolida un modelo donde los subsidios se privatizan, es decir, se sacan del bolsillo de la gente para alimentar las ganancias de las empresas. Los sectores productivos más débiles, las economías regionales, se ven expuestos a un ajuste injusto.

Es hora de abrir un debate real sobre la redistribución de los recursos y no dejar que este cambio legislativo sea un beneficio oculto para las corporaciones.