Con una treintena de oradores, se realizó una tercera reunión informativa sobre la reforma de la Ley de Salud Mental, a partir de un proyecto del Gobierno que propone modificar la norma vigente desde 2010.

El plenario de las comisiones de Salud y Legislación General se desarrolló en el Salón Azul, por donde los invitados pasaron a dar su visión. En el próximo encuentro se prevé que arranque el debate propio de los senadores.

La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, plantea modificaciones en los procesos de internación, cambios en el concepto de "riesgo cierto e inminente para sí o para terceros" y una mayor centralidad de la figura del psiquiatra dentro de los equipos interdisciplinarios, entre otros aspectos que buscan revisar criterios establecidos a partir de la situación actual.

Al igual que en la reunión anterior, y debido a la diversidad de enfoques que plantea la norma, el plenario se organizó en bloques temáticos de especialistas, tras los cuales los legisladores realizaron consultas a los expositores.

Primeramente, la abogada y diputada nacional (MC) Marcela Campagnoli, especialista en temáticas de salud mental, prevención del suicidio, ludopatía y adicciones, expuso un panorama basado en su experiencia: "Una ley más allá de sus buenas intenciones debe medirse también por sus buenos efectos". "La ley vigente significó un avance importante en derechos humanos, pero con los años mostró límites concretos. Detrás de cada vacío legal hay familias destruidas, madres agotadas, pacientes que podrían haberse salvado antes si el sistema hubiera llegado antes", observó.

Por su parte, Soledad Cottone, doctora en Psicología, especialista en psicología clínica, institucional y comunitaria, presidenta de la Asociación de Unidades Académicas de Psicología (AUAPSI) y decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, manifestó su desacuerdo con el proyecto, particularmente con el requisito de incorporar obligatoriamente a un psiquiatra en los equipos interdisciplinarios.

"Los psicólogos estamos habilitados para evaluar riesgo, la modificación introduce una jerarquización normativa que no existe en la formación de grado. Reducir la firma habilitante al psiquiatra implica una descalificación injustificada de nuestra formación y un retroceso de la psicología como disciplina autónoma", aseguró.

En el plano jurídico expuso el abogado Vadim Mischanchuk, especializado en salud y defensa médica, quien cuestionó un aspecto central de la ley actual: "La palabra 'inminente' ha dificultado desde 2010 la posibilidad de que los equipos interdisciplinarios de salud internen a alguien que viene de asesinar a otra persona porque, a las dos horas, el equipo dice 'no hay riesgo inminente'. Esto debe modificarse sí o sí". Además, consideró que "la ley vigente ha demonizado los hospitales de salud mental".

También se escuchó la voz de familiares y dirigentes que trabajan con la problemática de adicciones, como el caso de Stella Maris Garaventa, acompañante terapéutica representante de Madres Territoriales (línea fundadora) de Chivilcoy, quien contó que con su organización son "las que van a sostener y apoyar a las mamás de los chicos que están en consumo. En Provincia no hay nada, es todo mentira".

"Esta es una ley asesina porque condena a nuestros hijos al cementerio. Si se habla de estadísticas, están en las lápidas de los cementerios, y con las edades de los chicos que están ahí, y en la superpoblación de las cárceles", enfatizó y pidió que "la internación involuntaria debe tomarse con un derecho a la vida".

Por su parte, durante el plenario, la senadora oficialista Nadia Márquez cuestionó que "para algunos, todas las emergencias aparecen ahora, en el gobierno del presidente Javier Milei". "En este gobierno, la salud mental es una problemática que abordamos y acompañamos para dar una respuesta seria e integral", defendió.

Y chicaneó que “durante los cuatro años anteriores del presidente (Alberto) Fernández no había emergencias. Fajaban a la primera dama, pero emergencias no había de ningún tipo, tampoco específicamente en esta temática".

"Entonces, no sé si es que existían y no se reconocieron, o que no existían y ahora las inventamos, o si realmente no existían y ahora surgen todas. Me resulta difícil de creer, especialmente pensando en lo que pasó durante y después del encierro y el aislamiento obligatorio, donde aumentaron los consumos, las adicciones, la depresión y los problemas de salud mental, especialmente en adolescentes y jóvenes", agregó.

La presidenta de la Comisión de Legislación General remarcó "la necesidad de actualizar una ley que presenta dificultades concretas para intervenir de manera temprana en situaciones graves" y planteó reparos respecto a la medicación temprana de niños y adolescentes. En tal sentido, introdujo su posición en contra de "los bloqueadores hormonales y procesos de hormonización en menores de edad".

Finalmente, Márquez sostuvo que el objetivo de la reforma es "dar herramientas reales a las familias, fortalecer el trabajo interdisciplinario y permitir que el sistema pueda actuar antes de que las situaciones terminen en tragedias". "La salud mental no puede seguir esperando", concluyó.