El organismo clave para la identificación de hijos de desaparecidos atraviesa una fuerte restricción presupuestaria que compromete su funcionamiento. Un fallo judicial obliga al Ejecutivo a garantizar recursos, mientras el tema empieza a escalar en el Congreso. El tema se debatirá en Diputados.
El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), organismo clave en la identificación de hijos de desaparecidos durante la última dictadura, quedó en el centro de una creciente disputa política e institucional tras advertencias sobre su funcionamiento y una reciente intervención de la Justicia federal.
La situación escaló en los últimos días luego de que el juez federal Alejo Ramos Padilla dictara una medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a garantizar de manera inmediata la continuidad operativa del organismo. La resolución respondió a un planteo de fiscales especializados en delitos de lesa humanidad, quienes alertaron sobre una “situación crítica” que podría afectar el desarrollo de pericias indispensables en causas judiciales.
Un organismo clave bajo presión
El BNDG es el organismo encargado de almacenar y analizar material genético con el objetivo de determinar vínculos biológicos, en particular en investigaciones sobre apropiación de menores durante el terrorismo de Estado. Su rol como perito oficial lo convierte en una pieza central dentro del sistema judicial en este tipo de causas.
Sin embargo, en las últimas semanas, su conducción técnica advirtió que ya no podía sostener con normalidad varias de sus funciones. Entre otras limitaciones, se planteó la imposibilidad de continuar con la toma de nuevas muestras biológicas y restricciones en tareas logísticas esenciales, como traslados para operativos en el interior del país o procedimientos complejos vinculados a exhumaciones.
A esto se suma un dato particularmente sensible: dificultades para garantizar servicios básicos dentro del organismo -como mantenimiento, limpieza o control de residuos- que en un laboratorio de estas características no son accesorios, sino parte de la cadena de resguardo de pruebas.
El trasfondo presupuestario
En el plano político, el eje del conflicto gira alrededor del financiamiento. Distintos informes señalan que el Banco sufrió una fuerte contracción presupuestaria desde 2023, con recortes acumulados superiores al 50% en términos reales, lo que impactó tanto en el funcionamiento operativo como en la dotación de personal.
Para 2026, además, el crédito aprobado cubriría poco más de la mitad de los requerimientos del organismo, una situación que, según advirtieron desde el propio BNDG, pone en riesgo la continuidad de sus tareas esenciales.
Este escenario se inscribe en el marco de la política de reducción del gasto público impulsada por el Gobierno nacional, que también incluyó cambios en la estructura administrativa del Banco. Ese proceso de reordenamiento, sumado a la restricción de recursos, derivó en un deterioro progresivo de sus capacidades.
Con la cautelar en marcha, el Gobierno quedó obligado a definir en lo inmediato un esquema de financiamiento que permita desactivar la crisis. En ese contexto, trascendió que el Ejecutivo evalúa asignar partidas adicionales para garantizar el funcionamiento del organismo en el corto plazo, aunque aún no hay precisiones sobre el alcance de esa decisión.
La discusión, sin embargo, excede lo coyuntural. Fuentes vinculadas al sistema científico advierten que el problema no se limita a una partida puntual, sino que responde a una tendencia de reducción sostenida en áreas sensibles.
Repercusiones en el Congreso
El conflicto ya comenzó a tener eco en el Congreso. Legisladores de distintos bloques vinculados a la agenda de derechos humanos expresaron preocupación por el impacto que podría tener una eventual paralización del organismo.
De hecho, durante las últimas semanas arreciaron las expresiones y la presentación de pedidos de informes sobre la situación del BNDG. El más reciente es de los diputados de UP Carlos Cisneros y Sergio Palazzo. Por su parte, Eduardo Valdés exhortó al Poder Ejecutivo a través de un proyecto de resolución a tomar medidas que garanticen el adecuado funcionamiento del Banco, mientras que Cecilia Moreau expresó su preocupación por la crítica situación presupuestaria que atraviesa el organismo.
En la misma línea, pero distinto sentido, los senadores Fernando Salino y Carolina Moisés presentaron y proyecto para derogar el decreto 351/25 que transforma el Banco Nacional de Datos Genéticos, fundamentándose en “la necesidad de preservar la autonomía autarquía e independencia funcional y operativa” del mismo. Una línea que ya había seguido también el año pasado el diputado Daniel Gollán.
Hay además iniciativas de la senadora Nora del Valle Giménez y Wado de Pedro, entre otros.
En sectores de la oposición se señala que el BNDG constituye una política de Estado consolidada desde el retorno democrático, mientras que desde el oficialismo se insiste en la necesidad de revisar la asignación de recursos en función del equilibrio fiscal.
Tratamiento en comisión
En este marco es que la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara baja, que preside Horacio Pietragalla Corti, ya prevé una reunión informativa para el jueves 28 de mayo a las 11, a la cual invitaron a Carolina Vilella, responsable del área jurídica de Abuelas de Plaza de Mayo; Víctor Penchaszadeh, genetista y uno de los creadores del “índice de abuelidad”, y Guillermo Pérez Roisimblit, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo, para analizar la crisis del Banco de Datos Genéticos.
Ampliación del Registro Nacional
Lo cierto es que este mismo Gobierno promovió en el inicio de su gestión una ley para ampliar el Registro Nacional de Datos Genéticos. La norma fue convertida en ley en el Senado el 26 de septiembre de 2024, con 39 votos a favor, 0 en contra y 20 abstenciones.
Aunque responden a finalidades distintas, el Banco Nacional de Datos Genéticos y los registros genéticos vinculados a investigaciones penales comparten un punto de partida común: el uso del ADN como herramienta central del Estado para intervenir en procesos judiciales.
En ambos casos, se trata de bases de datos biológicas que permiten establecer vínculos, identificar personas y aportar evidencia clave en causas judiciales. Sin embargo, los objetivos divergen de manera marcada. Mientras el BNDG fue creado para garantizar el derecho a la identidad en el marco de delitos de lesa humanidad, los registros genéticos criminales se estructuran como herramientas de seguridad, orientadas a la persecución de delitos, especialmente los de carácter sexual.
La diferencia no es solo técnica, sino también política. El BNDG se consolidó como una política de Estado vinculada a la agenda de memoria, verdad y justicia, con amplio consenso desde la recuperación democrática. En cambio, los registros genéticos penales crecieron al calor de demandas de mayor seguridad y suelen estar asociados a debates sobre endurecimiento de penas y ampliación de facultades del Estado.
Este contraste se potencia en el escenario actual. Mientras el Banco de Datos Genéticos enfrenta restricciones presupuestarias que ponen en riesgo su funcionamiento, las herramientas vinculadas al uso de ADN en materia de seguridad continúan teniendo lugar en la discusión legislativa.
Así, la comparación abre un interrogante de fondo sobre las prioridades públicas: el mismo instrumento científico que permitió restituir identidades en uno de los capítulos más oscuros de la historia argentina aparece hoy tensionado entre dos lógicas de política estatal -derechos humanos y seguridad- que no siempre avanzan al mismo ritmo.
Un impacto que trasciende la coyuntura
El deterioro del BNDG genera preocupación no solo por su impacto inmediato en causas judiciales, sino también por sus implicancias a largo plazo. El organismo conserva decenas de miles de muestras biológicas y cumple un rol fundamental en la búsqueda de personas que aún desconocen su identidad de origen.
En ese sentido, distintos actores del ámbito judicial coinciden en que cualquier interrupción o demora en su funcionamiento podría traducirse en dificultades para el avance de investigaciones y en el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de derechos humanos.
Un tema que escala en la agenda
Con el cruce entre el Poder Judicial y el Ejecutivo ya planteado, y con el Congreso empezando a involucrarse, la situación del Banco Nacional de Datos Genéticos se perfila como un nuevo foco de tensión en la agenda política.
En un contexto de ajuste y redefinición de prioridades del gasto público, el caso del BNDG expone con claridad un debate de fondo: el alcance de las políticas de derechos humanos y el lugar que ocupan dentro de las prioridades del Estado.
Por ahora, la cautelar judicial fijó un límite concreto. El desenlace -y la capacidad del Gobierno para sostener el funcionamiento del organismo- será observado de cerca tanto en los tribunales como en el Parlamento.