El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para eliminar la norma de promoción de la alimentación saludable, al sostener que generó “confusión en los consumidores”, distorsiones regulatorias y sobrecostos para la industria. Plantea avanzar hacia un sistema “más preciso, contextualizado y científicamente consistente”.
En el marco del paquete de iniciativas que mandó el viernes el Gobierno al Parlamento, la primera en conocerse el texto es la que deroga la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, que instauró el sistema de etiquetado frontal de advertencias en alimentos y bebidas. En el mensaje firmado por el presidente Javier Milei, su jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud, Mario Lugones, se sostiene que la experiencia de aplicación de la norma permitió detectar “diversas limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y también económicas” que justifican su eliminación.
De acuerdo con el texto, que ingresó para su tratamiento inicial por el Senado, la ley vigente incorporó un esquema obligatorio de sellos de advertencia basado en parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), junto con restricciones a la publicidad, la promoción y la utilización de determinados elementos gráficos en los envases. Sin embargo, el Ejecutivo advierte que “no existe actualmente un modelo único y uniforme a nivel internacional” sobre etiquetado frontal, y que los sistemas disponibles están en permanente revisión, lo que relativiza la adopción de un esquema rígido como el argentino.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al perfil de nutrientes utilizado, que aplica criterios homogéneos a alimentos de características muy diferentes. Según el mensaje, esto genera situaciones en las que productos “tradicionalmente incorporados dentro de patrones alimentarios cultural y nutricionalmente aceptados” reciben advertencias equivalentes a otros de menor calidad nutricional, lo que “dificulta una adecuada diferenciación” entre ellos.
En esa línea, el Gobierno afirma que el sistema “puede inducir a interpretaciones simplificadas o poco precisas respecto del perfil nutricional integral de determinados alimentos, generando confusión en los consumidores y alejándose de cumplir con los objetivos perseguidos por la propia ley”.
También se cuestiona la metodología de cálculo, basada en porcentajes del aporte energético total, ya que en algunos casos arroja resultados “técnicamente inconsistentes o desproporcionados”. A esto se suma, según el Ejecutivo, la falta de incentivos para la reformulación de productos: “La estructura binaria del sistema de advertencias vigente dificulta reflejar mejoras parciales en la composición nutricional de los alimentos”.
El mensaje oficial remarca además que el país ya cuenta con un sistema obligatorio de información nutricional armonizado en el Mercosur, que exige declarar valores energéticos, azúcares, grasas, proteínas y sodio, entre otros componentes. En ese marco, la coexistencia con el etiquetado frontal habría generado “superposición regulatoria” y “complejidad adicional en materia de implementación y fiscalización”.
Otro eje central del proyecto son los impactos económicos. El Ejecutivo sostiene que las restricciones en publicidad y comunicación comercial implican “limitaciones relevantes sobre actividades económicas lícitas”, y subraya que el impacto no es homogéneo en el sector. En particular, advierte que las PyMEs enfrentan mayores dificultades para adaptarse a los requisitos, con costos asociados al rediseño de envases, adecuación de procesos y evaluación técnica. Estas exigencias, señala el texto, “pueden incluso incentivar procesos de concentración de mercado”.
En la misma dirección, se mencionan problemas de coordinación federal, ya que aspectos vinculados a entornos escolares y compras públicas dependen de provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, lo que derivó en distintos niveles de implementación.
El Poder Ejecutivo también cuestiona la “excesiva rigidez normativa” de la ley, al incorporar en el texto legal aspectos técnicos que deberían poder adaptarse con mayor flexibilidad a la evolución científica. Según argumenta, esto limita la capacidad del sistema para actualizarse frente a nuevos consensos en nutrición y políticas alimentarias.
Pese a la derogación propuesta, el Gobierno aclara que no se eliminarán las obligaciones de informar la composición nutricional de los alimentos. “La medida que se propicia no implica la eliminación de las obligaciones de información nutricional (...) las cuales continuarán plenamente vigentes en el marco del Código Alimentario Argentino”, sostiene el mensaje, que también ratifica la vigencia de las normas sobre protección del consumidor y publicidad engañosa.
En lugar del esquema actual, la iniciativa apunta a avanzar hacia “un sistema de información nutricional más precisa, contextualizada y técnicamente consistente”, adaptable a la evidencia científica y orientado a la educación alimentaria.
El proyecto de ley es breve y concreto: su artículo 1° dispone la derogación total de la Ley 27.642, mientras que el artículo 2° establece que la nueva norma entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
En el cierre del mensaje, el Ejecutivo solicita al Congreso el “pronto tratamiento y sanción” de la iniciativa, al considerar que permitirá “compatibilizar adecuadamente la protección de la salud pública, el acceso del consumidor a información nutricional suficiente” y el desarrollo de las actividades productivas.