“Ley Lobby”, así definió el Gobierno nacional al proyecto que establece un Régimen de Gestión de Intereses, destinado a garantizar la publicidad, transparencia, trazabilidad y probidad de las interacciones entre actores públicos y privados en los procesos de formación y toma de decisiones estatales.

El texto fue remitido este martes a la Cámara de Diputados de la Nación y tiene una redacción similar a las que enviaron en los últimos dos años Oscar Agost Carreño, Karina Banfi, Miguel Pichetto, la Coalición Cívica y Margarita Stolbizer.

El principal objetivo es garantizar la publicidad, transparencia, trazabilidad y probidad de las interacciones entre actores públicos y privados en los procesos de formación y toma de decisiones estatales, a fin de evitar la consolidación de privilegios indebidos.

Según el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, este proyecto busca "ordenar y transparentar a todos aquellos que buscan influir sobre las decisiones públicas, con que funcionarios y en beneficio de quién", por lo que consideraron que es “una clara herramienta para contribuir a la construcción de una democracia más deliberativa, transparente y liberal”.

Además, se inscribe bajo el artículo 1ero de la Constitución Nacional que establece la forma republicana de gobierno, cuyo núcleo esencial está constituido por la publicidad de los actos de gobierno y la responsabilidad de sus funcionarios públicos. “Es allí donde la presente iniciativa se presenta como un instrumento idóneo para el fortalecimiento de estos pilares fundacionales”, manifestaron.

A su vez, alertaron que el ordenamiento vigente carece de un régimen integral y sistemático que regule la gestión de intereses en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, generando un vacío normativo que la presente iniciativa viene a subsanar.

“La iniciativa se orienta a establecer reglas claras que permitan transparentar el correcto funcionamiento del Estado Nacional, evitando influencias ejercidas en ámbitos opacos o reservados a unos pocos”, explicaron.

Al respecto, uno de los puntos claves es la creación de un Registro Público de Gestores de Intereses obligatorio y digital para lobistas, exigiendo declaraciones juradas sobre intereses representados y la publicidad de las agendas de funcionarios. También fija las incompatibilidades entre ex funcionarios que deseen realizar gestiones de lobby.

En ese sentido, detallan que quedan incluidas las gestiones de lobby aquellas realizadas para la elaboración, derogación, e implementación de leyes, licitaciones, concesiones, o asignación de subsidios o beneficios fiscales para alguna actividad. Dichos reportes serán trimestrales y publicados dentro de los 10 días hábiles de la presentación.

“El presente proyecto contribuye a consolidar un esquema institucional en el que las decisiones públicas se adopten en función del interés general y bajo reglas previsibles, reduciendo espacios de arbitrariedad”, señalaron y advirtieron que “la ausencia de una regulación sistemática en esta materia ha generado, históricamente, espacios de opacidad que afectan la confianza en el funcionamiento del Estado y en la equidad de los procesos decisorios”.

Por lo tanto, solicitaron la aprobación del proyecto porque viene a cubrir el vacío legal en un contexto en el que la “ciudadanía demanda mayor transparencia, previsibilidad y control sobre el ejercicio del poder”.