Integrantes del bloque Provincias Unidas se hicieron presentes en el Anexo del Palacio Legislativo este jueves y presentaron un proyecto de declaración que expresa profunda preocupación y enérgico rechazo frente a los proyectos de "falsas denuncias", como por ejemplo el que impulsó la senadora radical Carolina Losada. El texto, además, reiteró el apoyo a la posición del Comité de Expertos de la Convención Belém Do Pará.

Inicialmente, este tratado internacional era conocido como Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujeres. La República Argentina lo adoptó en 1994 y fue el primer acuerdo a nivel mundial en reconocer que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos y no un asunto privado.

La presentación del proyecto de declaración estuvo a cargo de las diputadas María Inés Zigarán y Mariela Coletta, quienes contaron con el apoyo de la cordobesa Carolina Basualdo, Pablo Juliano, el santafesino Esteban Paulón, Mónica Frade la Coalición Cívica y de Martín Lousteau, excompañero de bancada de la senadora santafesina de la Unión Cívica Radical.

Cabe recordar que la propuesta de modificación al Código Penal de la Nación en materia de falsas denuncias y el aumento de las penas previstas, que las eleva de 3 a 6 años de prisión cuando las falsas denuncias involucren situaciones vinculadas a violencia de género, abuso sexual o menores obtuvo dictamen en la Cámara alta el pasado 8 de abril pasado. Sin embargo, fuentes del oficialismo y de los bloques aliados confirmaron a parlamentario.com que el texto no corre, por lo que su tratamiento quedará nulo.

En aquella oportunidad, el proyecto de la santafesina tuvo un tratamiento casi sigiloso debido a que la reunión de comisión se convocó a la misma hora en que la Cámara de Diputados debatía la modificación a la Ley de Glaciares. Por la presentación y defensa, Carolina Losada fue denunciada penalmente por un colectivo integrado por juristas, especialistas en salud mental y referentes de Derechos Humanos, y cuestionada en público por diferentes espacios políticos del Congreso, incluido el radicalismo, al que pertenece.

El texto presentado por Provincias Unidas, también, exhorta a todos los Poderes del Estado a mantener los estándares internacionales de derechos humanos asumidos por la República Argentina, en particular los establecidos en las Convenciones de Belém do Pará y de los Derechos del Niño, ambas con jerarquía constitucional en los términos del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.

Contra el texto de Losada, manifestaron que “la promoción de iniciativas legislativas que focalizan de manera desproporcionada en la eventual falsedad de las denuncias en contextos de violencia de género y hacia personas menores de edad constituye una forma indirecta de discriminación, en tanto se apoya en prejuicios estructurales que históricamente han puesto en duda la credibilidad de las mujeres”.

Y siguieron: “La instalación de este enfoque no es neutra: produce un efecto inhibidor concreto, en la medida en que introduce un riesgo adicional para quienes evalúan denunciar, generando un contexto de temor que opera como una verdadera mordaza sobre las víctimas”.

Por último, señalaron que “el impulso de estas iniciativas configura un escenario de regresividad normativa que vulnera el principio de progresividad en materia de derechos humanos, compromete las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino y expone al país a eventuales responsabilidades internacionales por la adopción de medidas que obstaculizan el acceso a la justicia y debilitan la protección de las víctimas”.