El proyecto del Frente de Izquierda propone despenalizar el uso, cultivo y comercialización de la marihuana, habilitar su venta regulada y otorgar amnistía a quienes hayan sido perseguidos por consumo o autocultivo.
El Frente de Izquierda volvió a poner en debate la legalización integral del cannabis con un proyecto impulsado por Nicolás del Caño y Myriam Bregman que propone despenalizar completamente la planta y regular su uso, producción y comercialización en la Argentina.
La iniciativa, presentada en el Congreso, establece que el cannabis y todos sus derivados sean considerados de uso legal en el país, habilitando su plantación, cultivo, producción, almacenamiento, comercialización, tenencia y consumo sin sanciones penales.
El proyecto plantea además que la venta de marihuana sea libre en el territorio nacional, con regulación estatal a cargo de organismos como la ANMAT, aunque deja fuera de control oficial el autocultivo destinado al consumo personal, tanto individual como colectivo.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la modificación del enfoque actual sobre las drogas. En sus fundamentos, los autores sostienen que el paradigma prohibicionista “fracasó”, ya que no logró reducir el consumo y, en cambio, contribuyó a fortalecer el narcotráfico y la criminalización de usuarios, especialmente en sectores vulnerables.
En ese sentido, el proyecto incorpora una medida de alto impacto político y judicial: establece la amnistía para todas las personas denunciadas, procesadas o condenadas por consumo, tenencia o cultivo de cannabis, con la consecuente anulación de antecedentes y causas vinculadas.
La iniciativa también habilita la creación de clubes sociales de cannabis sin fines de lucro, integrados por mayores de edad, con el objetivo de garantizar el acceso a la sustancia fuera del circuito ilegal.
Al mismo tiempo, fija restricciones y regulaciones. Por ejemplo, se prohíbe la comercialización de cannabis en ámbitos como escuelas, hospitales, transporte público o espectáculos masivos, así como la publicidad y el patrocinio de productos recreativos vinculados a la marihuana.
En materia sanitaria, el texto dispone que el Estado implemente políticas de información, prevención y reducción de riesgos, además de garantizar el acceso gratuito a cannabis con fines medicinales para quienes lo necesiten, ampliando el alcance de programas ya existentes.
Los fundamentos del proyecto ponen el acento en el contexto internacional y en los avances de otros países que han legalizado o despenalizado el cannabis, al tiempo que cuestionan la “guerra contra las drogas” impulsada durante décadas, a la que atribuyen efectos negativos tanto en términos sociales como sanitarios.
Asimismo, los impulsores enfatizan que la regulación estatal permitiría retirar al narcotráfico una fuente clave de ingresos y mejorar las condiciones de acceso para los usuarios, evitando la circulación de sustancias adulteradas propias del mercado ilegal.
El proyecto, que ya había sido presentado en años anteriores sin tratamiento parlamentario, vuelve a plantear un debate de fondo en el Congreso sobre el enfoque de la política de drogas en la Argentina, en un escenario donde crecen las demandas sociales por una regulación integral del cannabis.