El socialista Esteban Paulón presentó un proyecto para regular la eutanasia y la muerte asistida como una prestación del sistema de salud, con controles estrictos, cobertura obligatoria y garantías para evitar abusos.
El diputado nacional Esteban Paulón, del bloque Unidos, presentó un proyecto de ley que propone legalizar la “muerte voluntaria médicamente asistida” en la Argentina y establecer un marco regulatorio integral para su acceso en el sistema de salud.
La iniciativa reconoce el derecho de toda persona a solicitar asistencia médica para morir en condiciones determinadas y bajo un procedimiento regulado, con el objetivo de garantizar decisiones libres, informadas y sin presiones externas.
El texto plantea que esta práctica se incorpore como una prestación sanitaria, con cobertura obligatoria en hospitales públicos, obras sociales y prepagas, y bajo estándares de calidad y supervisión estatal.
El proyecto contempla dos modalidades: la eutanasia, en la que un profesional de la salud administra una sustancia letal a pedido del paciente, y la muerte asistida, donde el paciente se autoadministra el fármaco prescripto.
Para acceder, se establecen requisitos estrictos: padecer una enfermedad grave e incurable o un cuadro crónico que genere un sufrimiento considerado intolerable, haber manifestado la voluntad de manera reiterada y contar con pleno consentimiento informado.
El procedimiento previsto incluye múltiples instancias de control. En primer lugar, una evaluación del médico tratante, seguida por un equipo interdisciplinario que acompaña al paciente y verifica su capacidad de decisión. Luego interviene un médico independiente y, finalmente, una comisión evaluadora que debe emitir un dictamen previo obligatorio.
Además, la persona debe realizar al menos dos solicitudes separadas en el tiempo y puede revocar su decisión en cualquier momento sin ningún requisito formal.
El proyecto también reconoce el derecho a dejar directivas anticipadas, que podrán incluir la solicitud de muerte asistida para el caso de pérdida de la capacidad de decidir, siempre que se cumplan las condiciones previstas por la ley.
En cuanto a los profesionales de la salud, se habilita la objeción de conciencia individual, pero se prohíbe expresamente que instituciones médicas la invoquen para impedir el acceso al procedimiento, garantizando así la disponibilidad efectiva del servicio.
La iniciativa incorpora además garantías específicas para evitar presiones sobre personas en situación de vulnerabilidad, como pacientes con discapacidad o con dependencia de terceros, incluyendo obligaciones de evaluación sobre la ausencia de coerción.
En sus fundamentos, Paulón sostiene que el objetivo es asegurar una “muerte digna” basada en la autonomía del paciente y en el respeto a sus decisiones más íntimas, al tiempo que plantea que la regulación permitirá dotar de transparencia a situaciones que hoy ocurren sin marco legal.
El proyecto se apoya en antecedentes internacionales, como las regulaciones vigentes en países de Europa y América, y en el desarrollo del derecho argentino en materia de consentimiento informado y rechazo de tratamientos médicos.
Asimismo, plantea que la falta de regulación genera desigualdad, ya que solo quienes cuentan con recursos pueden acceder a prácticas no formalizadas o viajar al exterior, mientras otros deben atravesar situaciones de sufrimiento sin alternativas legales.