El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, amplió este viernes los alcances del proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso, en línea con lo anticipado previamente por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La iniciativa apunta a modificar de manera integral el marco legal vigente -heredado de la década de 1970- con el objetivo de adaptarlo a “la economía del siglo XXI” y atraer inversiones.

Según explicó el funcionario, la propuesta busca dejar atrás un esquema “rígido y anacrónico” basado en la desconfianza hacia el sector privado, para pasar a un modelo sustentado en la autonomía de las partes y la libertad contractual. En ese sentido, uno de los ejes centrales es que las normas de la ley pasen a ser supletorias, de modo que prevalezca lo dispuesto por los socios en el estatuto de cada sociedad. Asimismo, las restricciones estatales quedarían limitadas a situaciones excepcionales y de interpretación restrictiva.

El proyecto también apunta a reducir el margen de acción de los registros públicos, que no podrán dictar resoluciones que limiten lo que la ley habilita. A su vez, se eliminan trabas vinculadas al objeto social: las empresas podrán definirlo de manera amplia, sin necesidad de que las actividades estén relacionadas entre sí, e incluso podrán omitirlo, en cuyo caso se considerará que están autorizadas a realizar cualquier actividad lícita.

Otro aspecto destacado es la mayor flexibilidad para la resolución de conflictos internos. La iniciativa habilita a las sociedades a someter sus disputas al derecho extranjero o a regímenes de arbitraje, evitando así la intervención de la justicia local. Sturzenegger subrayó que este tipo de mecanismos son habituales en centros internacionales de negocios como Dubai y que su incorporación busca mejorar la competitividad de la Argentina en ese terreno.

En materia de modernización, el proyecto prevé la digitalización total del funcionamiento societario. Esto incluye la posibilidad de constituir empresas mediante firma digital, llevar libros contables electrónicos, fijar domicilios digitales y realizar asambleas a distancia. También se creará un legajo digital público para cada sociedad, lo que implicaría el fin del expediente en papel.

Entre las innovaciones más relevantes aparece el reconocimiento de nuevas formas de organización empresarial vinculadas a la tecnología. La reforma introduce la figura de la “Sociedad Automatizada”, que puede operar mediante algoritmos o inteligencia artificial sin necesidad de empleados en su funcionamiento ordinario, y las llamadas organizaciones autónomas descentralizadas (DAO), basadas en blockchain y con participaciones representadas en tokens. Ambas contarán con personalidad jurídica y responsabilidad limitada.

El ministro destacó que esta actualización normativa busca posicionar al país como un polo atractivo para inversiones en sectores vinculados a la inteligencia artificial, tomando como referencia experiencias internacionales como la de Irlanda en materia de radicación de empresas tecnológicas.

El proyecto incorpora además instrumentos financieros como los aportes convertibles, que permiten a inversores inyectar capital sin asumir inicialmente la condición de socios ni responder por deudas, y simplifica procesos como la reorganización empresarial, habilitando, por ejemplo, la absorción directa de subsidiarias cuando existe control total. También prevé la renovación automática del plazo de las sociedades y la extensión indefinida de los mandatos de sus autoridades, salvo disposición en contrario.

“Menos controles arbitrarios, menos costos de transacción y más libertad para competir en el mundo”, resumió Sturzenegger, quien calificó el texto como una reforma “revolucionaria” elaborada con la participación de la Secretaría Legal y Técnica y distintos equipos del Gobierno. Con su ingreso al Congreso, la iniciativa abre ahora una nueva etapa de debate parlamentario.