El diputado presentó un proyecto de ley para transparentar la gestión de intereses en el Estado, con obligación de inscripción, informes periódicos y sanciones para garantizar la trazabilidad de la influencia en decisiones públicas.
En momentos en que el Congreso se propone comenzar a debatir un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto impulsó un proyecto de ley para establecer un régimen legal integral de lobby o “gestión de intereses” en el ámbito de los poderes Ejecutivo y Legislativo, con el objetivo de dotar de mayor transparencia a los procesos de toma de decisiones públicas.
La iniciativa define al lobby como toda actividad orientada a influir, por medios lícitos, en la elaboración o modificación de leyes, decretos u otras decisiones estatales, ya sea en beneficio propio o de terceros.
Entre los principios rectores del proyecto aparecen la transparencia, la igualdad de trato entre los distintos intereses en juego y la garantía del derecho de los ciudadanos y organizaciones a peticionar ante las autoridades.
Uno de los ejes centrales es la creación de un “Registro de actividades de Lobby” en ambos poderes del Estado. Allí deberán inscribirse obligatoriamente todos los lobistas —personas físicas o jurídicas— como condición previa para poder ejercer la actividad. El registro será digital, público, gratuito y de libre acceso.
El proyecto establece que los gestores de intereses deberán declarar información detallada, incluyendo a quién representan, cuáles son sus objetivos, qué tipo de retribución perciben y qué funcionarios buscan contactar. Además, estarán obligados a actualizar periódicamente estos datos y presentar informes trimestrales.
En paralelo, la iniciativa también impone obligaciones a los funcionarios públicos. El presidente, ministros, legisladores y altos cargos deberán informar cada tres meses las reuniones o gestiones de lobby de las que hayan sido objeto, consignando actores, intereses y objetivos.
El texto contempla, además, un régimen de incompatibilidades: ningún funcionario podrá ejercer actividades de lobby mientras esté en funciones ni hasta dos años después de abandonar el cargo, extensión que también alcanza a familiares cercanos.
Como autoridad de aplicación, Pichetto propone a las Agencias de Acceso a la Información Pública, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo, que tendrán a cargo garantizar la publicidad de los registros y el control del cumplimiento de la ley.
El proyecto también incorpora a los lobistas dentro de la categoría de Personas Expuestas Políticamente, bajo la normativa de la Unidad de Información Financiera (UIF), con el objetivo de reforzar los controles sobre eventuales conflictos de interés.
En sus fundamentos, el legislador sostiene que la actividad de lobby es inherente a las democracias modernas, ya que canaliza demandas de diferentes sectores de la sociedad, pero advierte que su falta de regulación puede distorsionar el proceso institucional.
“Transparentar la gestión de intereses permite mejorar la calidad de las decisiones públicas y ampliar el acceso a la información relevante”, subraya Pichetto, quien remarca que el proyecto apunta a hacer visible la influencia de actores privados en la elaboración de políticas.
Finalmente, la iniciativa invita a las provincias a adherir a un esquema similar, en línea con la lógica federal, con el objetivo de unificar criterios en todo el país y avanzar hacia estándares más exigentes en materia de integridad y acceso a la información pública.