Un informe de IDESA advierte que, pese a sus limitaciones, el etiquetado frontal de alimentos demostró reducir el consumo de nutrientes críticos como azúcar, sodio y grasas. En medio del proyecto oficial para derogarlo, plantea que la opción más razonable es perfeccionar el sistema —dejando atrás su lógica binaria— para brindar mejor información a los consumidores y reforzar la lucha contra la obesidad.
En pleno debate por el futuro de la Ley de Etiquetado Frontal en la Argentina, un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) plantea que la discusión no debería centrarse en su eliminación, sino en su mejora. La normativa, vigente desde la sanción de la Ley 27.642, obliga a incluir advertencias visibles en los envases de alimentos y bebidas cuando contienen niveles elevados de nutrientes críticos como azúcares, sodio y grasas.
El Gobierno nacional impulsó un proyecto para derogarla, bajo el argumento de que el sistema actual resulta demasiado simplista. Según esta mirada, el etiquetado frontal aplica parámetros homogéneos sobre alimentos muy distintos, sin contemplar aspectos como la densidad nutricional, el grado de procesamiento o las porciones efectivamente consumidas. Además, el esquema binario —que clasifica los productos en “altos” o “bajos” en determinados nutrientes— podría generar confusión en los consumidores y no incentiva mejoras graduales en la industria.
Sin embargo, el informe de IDESA sostiene que la evidencia disponible no respalda la eliminación del sistema. Por el contrario, resalta los resultados observados en Chile, país pionero en la implementación del etiquetado frontal desde 2016. Estudios de impacto indican que, tras su aplicación, el consumo de sodio se redujo en aproximadamente un 27%, el de azúcar en un 18% y el de grasas saturadas en torno al 19%.
Estos datos sugieren que la herramienta cumple con su objetivo principal: desalentar el consumo de nutrientes asociados a enfermedades crónicas como la obesidad, la hipertensión y la diabetes. Además, investigaciones complementarias muestran que las empresas reformularon productos para evitar las advertencias, reduciendo así los contenidos de ingredientes críticos sin afectar la rentabilidad ni el empleo en el sector.
Aun así, el propio informe reconoce que el sistema vigente presenta limitaciones. Entre ellas, menciona las inconsistencias que se generan entre distintos productos: alimentos ultraprocesados pueden tener menos advertencias que otros con mejor perfil nutricional, como ciertos lácteos. También advierte que la lógica binaria puede resultar insuficiente para reflejar gradaciones en la composición de los alimentos, lo que reduce la claridad de la información para el consumidor.
En este contexto, IDESA propone avanzar hacia un esquema más sofisticado que permita mostrar distintos niveles de contenido de nutrientes no recomendados, en lugar de limitarse a una clasificación dicotómica. Este tipo de enfoque, ya en evaluación en países como Estados Unidos, podría ofrecer señales más precisas tanto a los consumidores como a las empresas, incentivando cambios progresivos en los hábitos de consumo y en la producción.
El informe concluye que eliminar el etiquetado frontal implicaría un retroceso en la política sanitaria, ya que privaría al Estado de una herramienta útil para enfrentar la creciente incidencia de la obesidad. En cambio, plantea que la estrategia más razonable es perfeccionarlo e integrarlo dentro de un conjunto más amplio de políticas orientadas a promover hábitos de vida saludables.
De este modo, el debate sobre el etiquetado frontal no se reduce a un dilema entre continuidad o derogación, sino a la posibilidad de mejorar una herramienta que, con ajustes, podría ofrecer mejores resultados en la promoción de la salud pública.