Especialistas en derecho del consumidor y en finanzas digitales advierten sobre conductas abusivas de la empresa. Señalan problemas en la resolución de reclamos, cargos poco claros y efectos de la concentración del mercado.
La intimación del Gobierno bonaerense a Mercado Libre por $1,8 mil millones reavivó las críticas sobre las prácticas comerciales de la compañía. El subsecretario de Desarrollo Comercial, Ariel Aguilar, informó que la firma lidera el ranking de denuncias en Defensa al Consumidor con 2.396 presentaciones en lo que va del año, motivadas por tarifas poco transparentes, cargos ocultos y sustracción de fondos de cuentas asociadas a terceros.
El abogado Osvaldo Bassano, referente de la Asociación de Usuarios y Consumidores, sostuvo que el principal problema radica en que la plataforma “es juez y parte”, ya que el primer ámbito de resolución de conflictos es la propia empresa. Afirmó que el sistema desalienta los reclamos y que algunos fallos judiciales han limitado la responsabilidad de Mercado Libre al equipararla con un simple clasificado, pese a su capacidad de influir en las decisiones de compra.
Desde otra perspectiva del sector financiero digital, Leonardo Ferrucci, fundador de la billetera virtual Waya, señaló que la posición dominante de Mercado Libre dificulta la competencia y genera prácticas que afectan a los usuarios. Advirtió sobre el creciente endeudamiento de familias que destinan entre el 40 y el 60 por ciento de sus ingresos a obligaciones financieras, en un contexto de deterioro del crédito al consumo.
Ferrucci remarcó que, si bien Mercado Libre y Mercado Pago protagonizaron una revolución tecnológica, la concentración del mercado exige analizar sus efectos sobre consumidores y competidores. Consideró que ya se observan procesos abusivos que perjudican a miles de personas y que requieren una revisión regulatoria.
Tanto Bassano como Ferrucci coincidieron en destacar el caso brasileño como ejemplo de regulación efectiva. Allí, el sistema Pix —público, gratuito y masivo— concentra el 80 por ciento de las operaciones y permite equilibrar el mercado. Además, la normativa de defensa del consumidor es más estricta y contempla sanciones penales ante prácticas abusivas.
En contraste, Bassano lamentó el debilitamiento de los organismos de control en Argentina y señaló que la falta de una estructura estatal sólida favorece la repetición de conductas perjudiciales para los usuarios. Ambos especialistas coincidieron en que el desafío es fortalecer la regulación y promover alternativas que garanticen competencia y protección efectiva.