Organizaciones civiles expresaron su rechazo al retiro del pliego como candidata a jueza de Verónica Michelli -propuesta por el Ejecutivo para ocupar el TOF 3 de La Plata- por parte del Gobierno nacional por el solo hecho de ser familiar del periodista de La Nación Hugo Alconada Mon quien investigó el caso $LIBRA.

El Colegio Público de la Abogacía de Buenos Aires emitió un comunicado en el que considera el retiro del pliego por parte del Ejecutivo como “una práctica discutible y que debe ser aplicada restrictivamente, máxime cuando el pliego ha obtenido dictamen de comisión”, y señalaron que “en la última década, el retiro indiscriminado de pliegos por parte de los sucesivos titulares del Poder Ejecutivo ha dilatado más de lo aceptable el llenado de las vacantes judiciales, cuyo número continúa en una situación crítica, pese a los esfuerzos que está realizando el Ministerio de Justicia de la Nación”.

Al respecto, indicaron que corresponde al pleno del Senado la aceptación o rechazo del retiro, siempre evaluando los motivos en que se funda a fin de “evitar arbitrariedades o abusos. Sería deseable que se brinden buenas razones en este caso, para despejar las suspicacias y rumores que se han hecho públicas en torno a esta candidatura”, dice la entidad que preside el exjuez y exministro Ricardo Gil Lavedra.

Desde la organización Integridad Republicana también expresaron su “profunda preocupación por el retiro por parte del Poder Ejecutivo del pliego de la doctora María Verónica Michelli como postulante a jueza federal que se halla a consideración del Senado para su acuerdo”.

Ante las “muy serias sospechas” de que “ese inusual proceder” sería el parentesco de Michelli con el periodista, “la falta de fundamentación de esa decisión del presidente torna verosímil el motivo de una actitud persecutoria”.

Para la entidad que preside Carlos Negri “se trataría de un hecho sumamente grave, porque indicaría que el gobierno no prioriza en la selección de magistrados la probidad, el conocimiento, la imparcialidad y la independencia, sino otras condiciones poco compatibles con la defensa del sistema republicano. Sería, asimismo, un nuevo ataque al periodismo, mediante una acción más directa que la cotidiana distribución de insultos y agravios”.

“Actitudes de esta naturaleza no hacen más que profundizar el deterioro institucional de nuestro país. La República se asienta en último término en una justicia confiable y transparente, sin la cual no existe seguridad jurídica para garantizar los derechos de los ciudadanos y, entre otras cosas, favorecer las inversiones”, concluye el comunicado.

Integridad Republicana está conformada por personalidades con larga trayectoria en la defensa de las instituciones y la cultura democrática. Entre ellos, Horacio Moavro, Osvaldo Perez Sammartino, Marta Oyhanarte, Graciela Fernández Meijide, José Octavio Bordón, Alejandro Drucaroff, Alberto Garay, Fabio Quetglas, Luis Katz, Marcela Campagnoli.

También se manifestó la agrupación Será Justicia, que emitió una declaración -firmado por su presidenta, Inés Arias, y los vicepresidentes Mercedes Gozaini, Diego Calvo Suárez y María Eugenia Talerico- en la que se condena el retiro del pliego de Michelli como “un ataque directo a la libertad de prensa y de expresión”, y desaprobaron la “improcedente conducta del Poder Ejecutivo Nacional”.

En esa línea, reclamaron que el referido pliego “cumplió todas las instancias previstas: fue enviado por el Ejecutivo, tuvo audiencia en el Senado y no recibió impugnaciones”, y manifestaron: “Se trata de una evidente e inaceptable maniobra que no sólo afecta un proceso de selección que cuenta con las firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos para convertirse en dictamen (nueve miembros que representan la mayoría necesaria), sino que trasunta un ataque directo a la libertad de prensa y de expresión, otro de los pilares de nuestro sistema republicano”.

“La postura asumida por el Poder Ejecutivo Nacional no sólo contraría la voluntad expresada por la Comisión del Senado responsable de concluir el proceso, sino además resulta de dudoso apego a las normas reglamentarias y de transparencia en la selección de magistrados, así como al debido respeto por el sistema constitucional de división de poderes”, señalaron desde Será Justicia.