La Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de Diputados, presidida por Pablo Yedlin (UP), mantuvo este martes la primera reunión informativa para abordar la problemática sobre violencia contra niños y adolescentes en entornos digitales y el debate de una ley que establezca un marco regulatorio de las redes.

Los expositores invitados coincidieron en la necesidad de una ley que establezca un marco regulatorio de las plataformas y alertaron que “las redes sociales se convirtieron en una nueva herramienta para la violencia en niños y adolescentes”.

Yedlin recordó que hay “muchos proyectos de distintos bloques que hacían alusión al tema. Nos paree importante empezar una de varias reuniones para poder ir constituyendo un proyecto en común para que este tema se transforme en un dictamen”.

“Estamos con un tema que le preocupa al mundo. Esto se viene trabajando y nos vienen pidiendo que intentemos exigirles a las plataformas que identifiquen a los usuarios, establecer los límites, coincidir en qué redes”, esbozó Yedlin.

Desde el Ministerio Público Fiscal de CABA, Néstor Maragliano indicó que la violencia contra niños se encuentra en los entornos de redes digitales que son “una herramienta de planificación, anonimización y expansión”, y planteó que “las agresiones que ocurren en línea producen consecuencias por fuera como ansiedad, aislamiento, afectación de la escolaridad, autolesiones, explotación sexual y re victimización”.

Maragliano precisó que hoy aparecen fenómenos diversos como el grooming, difusión no consentida imágenes íntimas, sextorsión, ciberacoso, suplantación de identidad, entre otras. Desde el Ministerio vienen desarrollando una respuesta institucional especializada que “busca abordar el problema desde una perspectiva integral a través de la investigación penal, la protección de derechos y la asistencia a las víctimas”.

Así, sugirió que “en todo proyecto de ley debería estar establecida un área de atención y acompañamiento de niños y adolescentes víctimas”, y propuso: “Los desafíos son los registros porque muchos hechos no llegan al sistema, la velocidad tecnológica porque la innovación es más rápida, cooperación con plataformas es lo más complicado porque muchas empresas son del exterior, prevenciones por eso es necesario avanzar en la alfabetización digital”.

“Es necesario una política pública integral en lo que hace a los entornos digitales y no puede descansar solo en el sistema penal. Se necesita la prevención, la detección temprana y la respuesta especializada porque los entornos digitales son uno de los principales escenarios donde se expresan nuevas formas de violencia y el desafío del Estado es construir capacidades para prevenir, detectar y proteger tempranamente”, resumió.

Florencia Vallino, directora ejecutiva de fundación ANDHES, señaló que la regulación de la violencia en entornos digitales debe incluir “mecanismos de acceso a la justicia en un sentido amplio, tomando dimensiones variadas y deben ser amigables con los chicos”, y manifestó: “Hay una enorme brecha entre el acceso formal y el reconocimiento efectivo a los derechos de los niños”. La expositora recomendó que los mecanismos de denuncia sean accesibles, adecuados, seguros y que se fortalezca el sistema de protección integral.

A su turno, Verónica Toller -directora del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección a las Víctimas del Ministerio de Seguridad Nacional- alertó que “la trata de personas ha mutado a través de los entornos digitales”, donde la infraestructura digital hace “vigilancia permanente todo el día; perfilamiento de algoritmos de búsqueda incesante de menores de edad para determinado perfil para realizar explotación sexual vía streaming, ludopatía, pornografía infantil, uso de IA para la producción de material”.

“Desde Estados Unidos recibimos 500 reportes diarios en Argentina de la producción y comercialización de material. La trata en el entorno digital es mucho más fácil de anonimizar”, advirtió y planteó que “cada aplicación de nicho tiene sus objetivos para llevar a cabo la pornografía y la trata. Es un tema mundial. La trata sexual vía streaming en el país es brutal al igual que la producción de deepfakes en menores de edad”.

En tanto, Valentina González Sisto, asesora Técnica del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina, remarcó que “el acceso al entorno digital creció enormemente en los últimos 10 a 15 años. En el 2010 casi el 60% de los chicos de entre 5 y 17 años no usaba internet, y en el último año, ese número baja a menos del 20%”.

“La exposición prolongada en pantallas puede repercutir en chicos de muy corta edad que pasan a compararse a otros, se enfrentan a violencia. Se da mayormente a través de los celulares entre chicos de 13 y 17 años y solo un 15% no tiene celular propio y estos entornos pueden generar escenarios de violencia, hostigamiento y manipulación”, explicó.

Desde la misma entidad, su directora, Ianina Tuñón, subrayó que “no vamos a poder ganarle la batalla a la sociabilización en el mundo de las redes sociales si no tenemos una propuesta alternativa que sea la socialización cara-cara”.

En su alocución, Gisela Untoiglich, representante de Fórum Infancia, subrayó que “la realidad virtual tiene efectos traumáticos en la realidad tangible. En los últimos años es significativo el aumento de consultas en salud mental por autolesiones, intentos de suicidio, dificultades en el lazo social, depresión, ansiedad. En el 2023 el suicidio se instaló en los jóvenes como la principal causa de muerte violenta en el territorio nacional, es un dato gravísimo”.

“Las pantallas refuerzan la soledad digital y le abren las puertas al grooming, al ciberacoso, consumo de pornografía, apuestas y discursos de odio”, afirmó y sumó: “Las redes van armando una cámara de eco y el algoritmo guía a contenidos más disfrazas de sentido de pertenencia. Los problemas de salud mental aumentaron a partir del 2010 y el 145% de estado de depresión en los jóvenes. Es el Estado el que tiene la responsabilidad de legislador sobre estas cuestiones y generar mecanismos protectores. Es imprescindible regular desde el Estado”.

Por último, propuso que los niños de 0 a 6 años evitar el uso de pantallas, de 7 a 12 años menos de una hora por día con supervisión adulta, de 13 a 16 años menos de 2 horas por día y retrasar todo lo que se pueda el acceso. “Campañas de concientización para familias y escuelas, la alfabetización digital y que los dispositivos electrónicos aparezcan con advertencias sobre los efectos nocivos de su uso porque deteriora el cerebro”, planteó.

Lucía Klug, integrante de la Fundación Desarrollo Humano Integral, consideró que “si no empezamos a hablar en las escuelas de los riesgos que implica tener una red social abierta en el celular y del tiempo que pasan con el teléfono, va a ser muy difícil que podamos erradicar el problema”. “También, es central hablar de la soberanía que implica que nuestros pibes sepan a qué se enfrentan y a quién le estamos dando nuestros datos, porque detrás de esto hay grandes empresas que utilizan esos datos que son poder”, acentuó.

En representación de Asistencia a la Víctima en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lucas Moyano les solicitó a los diputados que “deben legislar en cuanto a la amplificación del daño algorítmico que genera la violencia digital”. En otro aspecto, sostuvo que el objetivo “no es prohibir, sino educar, ya que el ciberacoso tiene un aliado que es el secreto, el silencio; la familia tiene como escudo a la transparencia. Entonces, fomentemos la transparencia”.

También expusieron Eduardo Riggi, fiscal General Adjunto en lo Penal y Contravencional del Ministerio Público Fiscal, Claudia Roxana Domínguez, de Mamás en Línea; Diego Vasconcel, licenciado en Tecnologías Digitales; Candelaria Kelly, titular de la Fundación Emmanuel; Andrea Urbas, directora de la Asociación Chicos.net; Francisco Manuel Ruiz, psicólogo social y cofundador de la Fundación EPASI; Marcelo Urresti, del Centro de Estudios de la Ciudad – UBA; Nazareno Castro, de Conciencia Digital; Samuel Villena, de Doncel; María Capurro Robles, coordinadora de proyectos de OBSERVACOM; y Gonzalo Yáñez, padre invitado de Mendoza.