La Argentina tiene una oportunidad histórica de consolidar una política energética moderna, federal y sustentable. El proyecto de Ley de Biocombustibles presentado recientemente por Patricia Bullrich junto a otros senadores representa un paso importante en esa dirección, y merece un debate serio, técnico y estratégico.

El proyecto desregula la actividad, fomenta la competencia, y contiene una visión de crecimiento que elimina el cepo productivo que la actual ley impone. Esto daría una previsibilidad indispensable para atraer nuevas inversiones, ampliar plantas existentes y generar miles de puestos de trabajo en las economías regionales.

El desarrollo del bioetanol ya no es una discusión sectorial. Es una política de agregado de valor, industrialización del agro, generación de empleo federal, sustitución de importaciones caras y reducción de emisiones.

Tanto el bioetanol de maíz como el bioetanol de caña de azúcar son ejemplos de cómo la Argentina puede transformar su enorme potencial agroindustrial en energía limpia, desarrollo regional e innovación. Ambas cadenas productivas se complementan y fortalecen una visión única y federal de la transición energética.

No nos quedemos rezagados. Los países que lideran la transición no están retrocediendo en bioetanol; por el contrario, están aumentando cortes obligatorios, promoviendo inversiones y consolidando cadenas de valor locales.

Cada nueva planta de bioetanol implica empleo calificado, movimiento logístico, demanda de servicios, desarrollo científico y arraigo en el interior productivo. Además, fortalece la seguridad energética nacional al reducir la dependencia de combustibles fósiles importados y diversifica la matriz energética.

Existe también un aspecto ambiental que no puede soslayarse. El mundo exige cada vez más productos con menor huella de carbono. El bioetanol reduce significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero respecto de los combustibles fósiles y permite avanzar hacia el cumplimiento de compromisos ambientales sin resignar desarrollo económico.

Por eso, celebramos que existan iniciativas legislativas orientadas a recuperar la agenda de crecimiento del bioetanol. Aunque presenta oportunidades puntuales de mejoras que deberían contemplarse antes de su sanción, el proyecto de la senadora Bullrich es una pieza clave para empezar a hacer realidad el sueño de una Argentina competitiva, sustentable y federal.

(*) Jorge Feijóo es el presidente del Centro Azucarero Argentino y Patrick Adam el director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz.