En diferentes plenarios, la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados despachó distintos acuerdos internacionales, que ya cuentan con media sanción del Senado.

Uno de ellos es de cooperación económica y tributaria entre Argentina y Francia. Otro, para prevenir la pesca ilegal. Y, los dos restantes, referidos a convenios de seguridad social con Suiza y San Marino. En todos los casos, los proyectos lograron un gran acompañamiento y quedaron en condición de llegar al recinto para su sanción definitiva.

La primera reunión conjunta fue la de las comisiones de RR.EE. y la de Presupuesto y Hacienda, presididas por los libertarios Juliana Santillán y Bertie Benegas Lynch, respectivamente. En ese marcó se debatió sobre el protocolo de enmienda al Convenio entre Argentina y Francia a fin de evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, suscripto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 6 de diciembre de 2019. La iniciativa obtuvo dictamen de mayoría con el acompañamiento de 46 firmas.

“Este protocolo de enmienda representa una herramienta muy importante para fortalecer la cooperación económica y tributaria entre Argentina y Francia”, afirmó Santillán y explicó que “el objetivo central de este tipo de acuerdos es brindar mayor previsibilidad y seguridad jurídica a las inversiones, evitando que personas o empresas sean sometidas a una doble carga tributaria por una misma renta o patrimonio en ambos países”.

En esa línea, la diputada señaló que la norma “incorpora mecanismos más eficientes para prevenir maniobras de evasión impositiva y fiscal internacional, y fortalecer la transparencia entre distintos Estados que permitan promover inversiones genuinas”. Y, a modo de síntesis, expresó que “reafirma el compromiso de Argentina con las reglas claras, con la cooperación internacional y con la responsabilidad fiscal”.

Ante la consulta del diputado Guillermo Michel, de Unión por la Patria, sobre cuál sería el gasto tributario estimado por la enmienda, Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos, informó que “se reducen algunas tasas de imposición que tienen que ver con las rentas pasivas, tantos dividendos, intereses y regalías, para uniformarlo con los convenios que ya tenemos vigentes”. Y especificó que “implica un impacto fiscal de alrededor de 5 millones de dólares. En este caso, como el Convenio ya está vigente, entonces el costo fiscal es mínimo por las diferencias de las alícuotas”.

El segundo plenario fue el de las comisiones de RR.EE. y la de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios. En dicha reunión, se firmó el dictamen de mayoría con 55 firmas del proyecto de ley por el cual se aprueba el acuerdo sobre medidas del Estado Rector del Puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, celebrado en Roma, Italia, el 22 de noviembre de 2009, en el marco de la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

“Estamos frente a una problemática global, que no solamente afecta a la sustentabilidad de los recursos pesqueros, sino también a las soberanías de los Estados, la transparencia del comercio internacional y el desarrollo económico de los países que cumplen las normas vigentes”, argumentó Santillán, al tiempo que agregó: “La pesca ilegal genera pérdidas millonarias, fomenta circuitos económicos que son irregulares y, sobre todo, perjudica directamente a los trabajadores y a las empresas que desarrollan sus actividades lícitamente”.

Como titular de Intereses Marítimos, el oficialista César Treffinger hizo hincapié en la protección de la soberanía respecto a Malvinas. “Se argumentó que el tratado no otorga derechos adicionales al Reino Unido, muy por el contrario, Argentina mantiene su práctica de realizar las declaraciones ante la Secretaría para neutralizar cualquier pretensión soberana británica que intente extender el acuerdo a las Islas”, enfatizó.

Al anticipar que acompañaría el dictamen con una disidencia parcial, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, señaló que “este acuerdo fortalece los controles y es una herramienta concreta para impedir que productos provenientes de la pesca ilegal ingresen en los mercados internacionales”. Sin embargo, criticó que “no está habiendo una lucha activa contra la pesca ilegal” por parte del Gobierno. “Para poder exigir transparencia en altamar, también tenemos que tener una política seria de control”, reclamó.

El embajador Javier Figueroa, coordinador de Políticas Oceánicas y del Atlántico Sur, explicó que “la problemática que hoy enfrentamos se refiere a la pesca no reglamentada, donde existe un vacío normativo”. “El problema de pesca ilegal que tenemos en el Atlántico Sur está dado por la ocupación ilegítima británica y el usufructo de bienes propios”, subrayó el funcionario, y al respecto declaró que “siempre tratamos de buscar una fórmula para salvaguardar nuestra posición”.

Por último, fue el turno de la reunión conjunta entre RR.EE. y Previsión y Seguridad Social, para tratar dos proyectos de ley referidos a convenios de seguridad social de Argentina con Suiza y San Marino, respectivamente. Ambas iniciativas lograron dictámenes de mayoría con 52 firmas cada uno.

El Convenio en seguridad social entre Argentina y Suiza y su respectivo acuerdo administrativo para la aplicación fueron celebrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 27 de mayo de 2024. Esta norma posibilitará que personas que hayan vivido y trabajado en ambos países puedan recibir los mismos beneficios del sistema previsional de cada Estado.

Mientras que los convenios con San Marino, en el mismo sentido, fueron celebrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 25 de agosto de 2023. También tiene como objeto coordinar la legislación en materia de seguridad social entre los Estados partes aplicándose a las prestaciones contributivas de vejez.