La iniciativa propone la creación del Sistema Nacional de Integridad y Ética Pública, un esquema que alcanzará a los tres poderes del Estado y al Ministerio Público, y que estará conformado por instituciones, procedimientos y herramientas orientadas a prevenir, detectar y sancionar irregularidades en el sector público nacional. El objetivo, según se desprende del texto, es dejar atrás un enfoque centrado exclusivamente en la reacción frente a hechos consumados y avanzar hacia un modelo preventivo, basado en políticas activas de integridad, transparencia y rendición de cuentas.

Entre los ejes centrales del proyecto se destaca la incorporación de principios rectores obligatorios para quienes ejercen funciones públicas, entre ellos la legalidad, la imparcialidad, la transparencia, la probidad, la preservación del interés público, la igualdad y la perspectiva de género. A la par, se fijan deberes concretos para funcionarios y funcionarias, como la obligación de denunciar irregularidades, garantizar el acceso a la información pública y promover un uso eficiente de los recursos del Estado.

Uno de los puntos más novedosos es la creación de un régimen más exigente de declaraciones juradas patrimoniales y de intereses, con el fin de prevenir conflictos y fortalecer la transparencia. Este sistema alcanzará a autoridades de los tres poderes, organismos de control, empresas públicas y fuerzas de seguridad, entre otros sectores clave. Las declaraciones deberán incluir información detallada sobre patrimonio, antecedentes laborales, participaciones societarias, vínculos de interés y posibles incompatibilidades, y estarán disponibles para consulta pública mediante plataformas digitales en formatos abiertos.

El proyecto también introduce una regulación integral de los conflictos de intereses, diferenciando entre situaciones reales, potenciales y aparentes. Para cada una de ellas se establecen mecanismos específicos, que incluyen la obligación de abstenerse de intervenir en determinados casos, así como mayores exigencias de transparencia para evitar que intereses privados interfieran en las decisiones públicas.

Otro capítulo relevante es el referido al antinepotismo. La iniciativa prohíbe la designación o contratación de familiares en organismos bajo la órbita de funcionarios nacionales, así como los esquemas de designaciones cruzadas entre distintas dependencias estatales. Además, establece la nulidad de los nombramientos que violen estas disposiciones.

Asimismo, se abordan las denominadas situaciones de “puerta giratoria”, imponiendo restricciones a quienes dejan cargos públicos y luego pasan a desempeñarse en empresas o actividades vinculadas con las áreas que regulaban o supervisaban desde el Estado. De este modo, se busca evitar conflictos de intereses posteriores al ejercicio de la función pública.

En los fundamentos del proyecto se señala que la propuesta apunta a consolidar una cultura de integridad en la administración pública, fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y adecuar la normativa argentina a los estándares internacionales más avanzados en materia de ética pública y lucha contra la corrupción.

“La transparencia y la integridad no pueden depender únicamente de la sanción posterior de los hechos de corrupción. Es necesario construir un sistema que prevenga, detecte y corrija las irregularidades antes de que produzcan daño al Estado y a la ciudadanía”. Con esta premisa, el Frente Renovador busca posicionar su iniciativa como un aporte clave en el debate sobre la regulación del lobby y la calidad institucional.

Con esta propuesta, el espacio que lidera Sergio Massa plantea avanzar hacia un Estado más transparente, eficiente y comprometido con el interés público, en línea con las demandas sociales de mayor control y rendición de cuentas en la gestión pública.